La falta del sello de seguridad en juguetes exhibidos para su venta en varias sucursales de una juguetería neuquina fue sancionada por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor. La irregularidad fue detectada durante inspecciones de rutina realizadas en cuatro locales de la misma firma en un período de un mes. El Juez Civil Martín Peliquero ratificó la sanción y destacó la importancia de garantizar que los productos ofrecidos en el mercado cuenten con el sello de seguridad obligatorio, que asegura su aptitud para el uso de niñas y niños.
En su resolución, el magistrado enfatizó que la sanción había sido correctamente aplicada, debidamente fundada y dentro de las competencias de la autoridad de aplicación. Peliquero sostuvo que el comercio debía ajustar sus prácticas a la normativa vigente, para evitar la oferta de productos sin el sello de seguridad argentino, en resguardo del derecho de los consumidores a la salud. Este sello garantiza que los juguetes pasaron por los controles correspondientes para asegurar que no presenten riesgos para los menores.
El fallo del juez también desestimó el recurso de la juguetería, que había argumentado que la sanción violaba el principio non bis in ídem, al considerarse que se había sancionado por el mismo hecho en varias ocasiones. Sin embargo, el magistrado aclaró que las infracciones fueron constatadas en diferentes inspecciones, realizadas en fechas y sucursales distintas. El principio, según explicó Peliquero, exige que haya identidad tanto en el sujeto como en el hecho, lo cual no se cumplía en este caso.
El sello de seguridad argentino es una certificación obligatoria que debe portar todo juguete comercializado en el país. De acuerdo con la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, esta certificación asegura que el producto fue sometido a los controles correspondientes y resulta apto para el uso de niños, sin representar un riesgo para su salud o seguridad. La ley establece que los bienes y servicios ofrecidos al público no deben poner en peligro la integridad física de los consumidores.
El juez también ratificó la obligación accesoria de publicar la sanción en un diario de amplia circulación en el lugar de la infracción, tal como lo establece el artículo 47 de la Ley 24.240. Esta medida tiene como objetivo garantizar que los consumidores estén informados y evitar que productos no aptos sigan circulando en el mercado. La resolución busca reforzar la seguridad en la comercialización de productos dirigidos a la infancia y proteger los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales que no cumplen con los estándares exigidos por la ley.
