Por cuarto año consecutivo el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén figura entre los más eficaces del país, según el informe que elabora el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
De acuerdo a la publicación, que evaluó el año 2023 y fue titulada “4° Ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina”, el organismo que dirige el fiscal general José Gerez se ubica en el tercer lugar entre todos los MPF del país.
De este modo, por cuarto año consecutivo, el MPF neuquino quedó en el podio de los tres más eficaces del país: en los tres informes anteriores de INECIP ocupó el segundo lugar (2019), el primero (2021) y el tercero (2022).
El ranking mide la tasa básica de eficacia político-criminal de estos organismos, un indicador que busca responder a una pregunta: ¿Qué respuestas brindan las fiscalías a la sociedad?
El estudio destaca la capacidad del MPF neuquino para brindar respuestas de calidad a los conflictos penales y su transparencia en la publicación de datos.
A través de este indicador, se mide “cuántos casos penales que ingresan a un Ministerio Público Fiscal reciben una respuesta de calidad, aunque sea mínima o potencial, es decir, condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios de cualquier tipo”, según precisó la investigación. “Para construir esta tasa, el INECIP solicita anualmente a los Ministerios Públicos Fiscales una serie de datos básicos sobre su estructura y funcionamiento”, indicó.
En el informe publicado ayer, el Ministerio Público Fiscal de Chaco ocupó el primer lugar con una tasa del 16,66%; el de Jujuy quedó en el segundo lugar con una tasa del 14,26%; el de Neuquén tercero con el 13,08%; el de Río Negro cuarto con el 12,09%; y el de Mendoza quinto con 11,96%.
“De todas las formas posibles de evaluar el desempeño de un Ministerio Público, decidimos comenzar por aquella más elemental, que mide una función muy básica de una fiscalía: gestionar los conflictos penales que recibe y darles algún tipo de respuesta positiva. En otras palabras, garantizar algún tipo de tutela para los intereses victimizados, para evitar que aquellos conflictos se resuelvan de formas aún más violentas”, indicó el informe.
La investigación de INECIP se realizó con los objetivos de “concientizar a las autoridades de los Ministerios Públicos Fiscales sobre la importancia de producir datos básicos sobre el desempeño de las fiscalías, como insumo para la toma de decisiones institucionales que permitan mejorar su desempeño político-criminal”, además de “promover la publicidad de la información sobre el desempeño de los Ministerios Públicos Fiscales, como herramienta para fortalecer el control ciudadano y el debate democrático sobre sus políticas públicas de persecución penal” y “contribuir con el trabajo de las áreas de estadísticas y de política criminal de los Ministerios Públicos Fiscales, visibilizando la importancia de su función y proponiendo criterios básicos iniciales para el desarrollo de un sistema de indicadores sencillo y útil para la toma de decisiones”.
Con tono crítico, el estudio planteó que en términos generales, en los 25 Ministerios Públicos Fiscales del país, “una gran proporción de los casos que ingresan a las fiscalías y que son identificados como casos penales son formal o informalmente descartados, desechados, dejados sin respuesta, generalmente a través de archivos u otro tipo de salidas que no implican una respuesta sustancial al conflicto”.
Sobre esto último consignó que los casos penales sin respuesta de calidad “va desde un 99% a un 80%” entre los distintos organismos del país y el federal. “La variación de ese número puede responder a diferencias en el desempeño real del organismo, a diferencias en la calidad de su registro de la información, o a una combinación de ambas”, precisó.
La investigación de INECIP también elaboró un ranking de opacidad, que comprende a los Ministerios Públicos Fiscales que no brindan información, en el cual el de Neuquén no figura.
Sobre este último aspecto señaló que “este ´apagón informativo´ impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”.
