En la vía pública de Centenario, en la intersección de Honduras y Bolivia, fueron encontrados residuos patógenos, entre ellos jeringas y agujas descartables, materiales típicamente generados por tatuadores. La detección fue realizada por el personal de Limpieza Urbana durante las tareas de mantenimiento diario, lo que desató una rápida intervención por parte de las autoridades locales.
El equipo de Inspección Ambiental, que se desplazó al lugar, confirmó que los elementos encontrados corresponden a desechos provenientes de la actividad de tatuaje. Estos residuos son peligrosos debido a que pueden transmitir infecciones y enfermedades si son manipulados inapropiadamente, lo que subraya la importancia de su correcta disposición.
Para tal fin, los tatuadores deben cumplir con las normativas vigentes, que incluyen la inscripción en el Registro Único de Generadores de Residuos Patogénicos, regulado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
A pesar de que la ciudad cuenta con diversas regulaciones en torno a la correcta disposición de estos materiales, actualmente solo uno de los tatuadores locales está registrado. Desde el municipio se enfatizó que aquellos que no cumplan con la normativa serán sancionados, ya que todos los profesionales del sector fueron debidamente notificados sobre sus responsabilidades en el manejo de estos residuos peligrosos.
“El no registro y la disposición inadecuada de estos residuos es una falta gravísima que pone en riesgo la salud de la comunidad”, expresaron desde el área ambiental, haciendo un llamado a la responsabilidad y al cumplimiento de la ley.
En Centenario, además de los tatuadores, los principales generadores de residuos patógenos son las clínicas odontológicas, los centros veterinarios y los hospitales. Sin embargo, la presencia de estos desechos fuera de los lugares autorizados genera una preocupación mayor, ya que su manejo irresponsable pone en peligro tanto a los trabajadores de la salud como a los vecinos de la zona.
Los residuos recolectados este jueves fueron asegurados y colocados en canastos rojos sellados para su posterior traslado al Centro de Control Canino, un punto de recolección municipal habilitado para estos desechos. La intervención fue cubierta por el municipio, lo que implica que los contribuyentes serán quienes asuman los costos derivados de la negligencia de unos pocos.
