Alberto Weretilneck este miércoles, estampó su firma en el Decreto 1104/25 y declaró la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio rionegrino. Un cóctel explosivo de calor, viento, sequía y negligencia humana que convierte cada pastizal en una bomba de tiempo.
La medida no es simbólica, prohíbe encender fuego al aire libre en cualquier espacio público o privado no habilitado, obliga a concesionarios turísticos a extremar controles y habilita al Estado a actuar con rapidez, billetera y mano dura.
El decreto no se anda con vueltas. Quien prenda fuego, por descuido o por maldad, podrá enfrentar multas de hasta 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF. Además, se ordena iniciar acciones penales y patrimoniales inmediatas contra los responsables. El mensaje es claro: si quemás, pagás. Y si no podés pagar, el Estado te va a buscar.
El SPLIF podrá extender el Estado de Alerta Máxima cuando lo considere necesario. Y los municipios, que suelen mirar para otro lado, fueron invitados a adherir al decreto y reforzar controles. Porque cuando el fuego arrasa, no distingue entre jurisdicciones.
Weretilneck lo dijo sin rodeos: “El impacto de un incendio forestal es devastador. Nuestro deber es anticiparnos y proteger a los rionegrinos”. Esta vez, el gobernador se adelantó. Pero si la historia sirve de algo, la prevención no se mide en decretos, sino en acción.
Emergencia hídrica: la sequía también arrasa
El Ministerio de Economía prorrogó la emergencia agropecuaria en nueve departamentos patagónicos, donde la sequía ya está matando pasturas y ganado. Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida, 9 de Julio, Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo enfrentan restricciones hídricas que comprometen la producción y disparan la mortalidad en rodeos bovinos y ovinos.
La fecha de cierre del ciclo productivo se fijó para el 31 de mayo de 2026, y se ordenó a bancos y a la ARCA suspender vencimientos e impuestos. Pero el daño ya está hecho: la Patagonia rural se seca mientras el fuego puede acechar.
