El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, vivió un tenso episodio en la tarde del jueves cuando un grupo de personas lo increpó y amenazó mientras recorría la obra de la nueva plaza de la Integración. El jefe comunal se encontraba acompañado por el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio, supervisando el avance de los trabajos.
Según informó oficialmente el Municipio, ambos funcionarios fueron “objeto de amenazas y agresiones” durante la inspección, situación que derivó en un inmediato repudio institucional. La gestión calificó los hechos como de “extrema gravedad” y los enmarcó en un clima de hostigamiento que se viene intensificando en las últimas semanas.
Controles más estrictos y resistencias internas
Desde el inicio de la gestión, Larraza implementó un proceso de ordenamiento en la obra pública, reforzando los controles y evaluando pagos según el cumplimiento real de los trabajos. En ese marco, se detectaron contratados bajo régimen de monotributo que no realizaban las tareas asignadas o que incumplían los plazos establecidos. También surgieron observaciones sobre los valores presupuestados en algunas obras.
Estos ajustes generaron descontento en algunos sectores, donde —según el Ejecutivo— surgieron escraches, amenazas y acciones intimidatorias contra funcionarios municipales. La agresión de este jueves habría sido protagonizada por personas vinculadas a estas contrataciones irregulares.
“El odio y la violencia, en cualquiera de sus formas, son inadmisibles y atentan contra la convivencia democrática”, señaló el comunicado difundido por el Municipio, que reforzó su respaldo al intendente.
El Municipio se presentó ante la Justicia
Tras el episodio, el Ejecutivo municipal se puso a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación y avanzar en la identificación de quienes participaron de la agresión. Además, el gabinete expresó su acompañamiento a Larraza y destacó la necesidad de garantizar “respeto, diálogo y seguridad” en la vida institucional de la ciudad.
Desde la gestión adelantaron que continuarán trabajando de manera coordinada con autoridades judiciales y provinciales para asegurar la protección de los funcionarios y preservar la tranquilidad de los vecinos.
