En una audiencia fugaz pero cargada de tensión, la jueza Alejandra Berenguer dejó en claro que el expediente por el programa Techo Digno no se cae. A través de la plataforma Zoom, rechazó todos los pedidos de las defensas y confirmó que el proceso judicial seguirá su curso hacia el juicio oral. Entre los imputados, figura nada menos que el actual diputado nacional por La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello.
Pero no está solo. También están acusados el exintendente Abel Baratti, los empresarios Domingo Mocciola, Arturo Mendiberry y José Daniel Zoppi, además de la excontadora municipal Lucila Chiocconi. Todos ellos deberán responder por presuntas maniobras que habrían desviado fondos públicos destinados a la construcción de más de 400 viviendas en Cipolletti.
La jueza fue tajante. No hubo espacio para debates ni rodeos. Anunció que solo leería la resolución, mientras que los fundamentos serían publicados en el sitio oficial del Poder Judicial. Y así lo hizo: rechazó el pedido de nulidad, descartó la prescripción de la causa y desactivó el intento de cambiar la calificación legal. Según Berenguer, "no se está violando el derecho de defensa" y el expediente sigue vivo porque uno de los imputados, Tortoriello, aún ocupa un cargo público. Ese detalle, lejos de ser menor, activa la suspensión de plazos contemplada en el artículo 67 del Código Penal.
La defensa, por su parte, intentó instalar que la Fiscalía había cambiado la teoría del caso, presentando los hechos como una única maniobra delictiva. Pero la jueza no compró. Aclaró que no se alteró la plataforma fáctica y que cada acusado deberá responder por su propia conducta. En otras palabras: no hay salvavidas grupal.
El trasfondo es espinoso. El programa Techo Digno nació como un convenio entre el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Nación. El objetivo era claro: levantar más de 400 viviendas para familias cipoleñas. Sin embargo, según la acusación, durante las gestiones de Baratti y Tortoriello se habrían efectuado pagos que no se correspondían con el avance real de las obras. El resultado: un presunto perjuicio millonario al patrimonio público.
Por ahora, todos los imputados siguen sin antecedentes penales registrables. Pero eso podría cambiar. La causa entra en etapa intermedia y se encamina hacia el juicio, donde se analizarán las pruebas reunidas. Lo cierto es que, por ahora, el Techo Digno no se derrumba. Y Tortoriello, lejos de zafar, sigue atado a una causa que promete sacudir más de un despacho.
