La justicia rionegrina confirmó la multa impuesta por la Municipalidad de General Roca a la empresa Ferrosur Roca, por ruidos molestos provenientes de su playa de logística y cargas, que afectaban a vecinos de la zona. La resolución fue dictada por el fuero Contencioso Administrativo, que rechazó la demanda presentada por la firma contra el acto sancionatorio municipal.
La causa se originó tras una denuncia vecinal, que motivó inspecciones en domicilios cercanos, mediciones acústicas y la constatación de contaminación sonora en horarios prohibidos. El personal municipal labró las actas correspondientes, la Intendenta María Emilia Soria dictó la resolución administrativa y el Juzgado de Faltas aplicó la multa por infracción a la Ordenanza 4552/08 sobre ruidos molestos.
Ferrosur apeló la sanción alegando falta de tipicidad, ausencia de dolo o culpa y falta de fundamentación adecuada. Sin embargo, el juez consideró que, aunque los artículos de la ordenanza describen situaciones de forma general, es admisible cierto grado de apertura normativa, especialmente en materia ambiental. “La Administración no podría quedar impedida de aplicar una sanción con el argumento de ausencia de tipicidad”, expresó el magistrado.
La sentencia concluyó que la resolución municipal no carece de motivación, ya que se basó en pruebas concretas, actos administrativos previos y fundamentación razonada. Además, se reconoció que la empresa no cuestionó la competencia del municipio ni negó los hechos, sino que centró su reclamo en la interpretación legal de los artículos aplicados, argumento que fue desestimado por el tribunal.
Durante el proceso judicial se informó que Ferrosur, más allá de la apelación, adoptó medidas correctivas: mantenimiento de unidades, calibración de bocinas, restricción de uso, capacitación del personal, colocación de carteles y ajuste de rieles. Testigos declararon que, tras la denuncia, no hubo nuevas afectaciones. La Municipalidad defendió la validez de las actas como instrumentos públicos y la competencia exclusiva en materia de faltas, destacando que los tipos normativos abiertos permiten sancionar conductas que afectan la calidad de vida y el ambiente urbano.
