El Gobierno de Río Negro obtuvo un fallo judicial que permitirá recuperar una deuda superior a los $101 millones que la Obra Social de Obreros Empacadores de la Fruta mantiene con el Ministerio de Salud. La resolución fue dictada por la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa Nº13 de Viedma, en el contexto de una ejecución iniciada por la Fiscalía de Estado.
El fallo habilita la ejecución por un capital de $65.066.112, más intereses y costas estimados en $36.290.624, lo que representa un ingreso potencial de $101.356.736 para las arcas provinciales. La sentencia otorga un plazo de cinco días para que la obra social pague voluntariamente o presente excepciones. En caso contrario, se avanzará con el cumplimiento forzado.
Esta es la primera sentencia de tres causas similares impulsadas gracias a la Ley 5.754, que brinda a la Provincia un andamiaje legal moderno para avanzar en el recupero de costos, especialmente tras la eliminación de la Superintendencia de Servicios de Salud por parte del gobierno nacional. La acción fue llevada adelante por los abogados Gastón Pérez Estevan, Luciano Minetti Kern y Federico Rosbaco, de la Fiscalía de Estado.
Según la normativa vigente, el 32% de lo recuperado podrá destinarse a un fondo estímulo para el personal de salud, y el resto se distribuirá entre los hospitales públicos, en proporción a la facturación de cada uno. El objetivo es fortalecer el sistema sanitario provincial y garantizar su sostenibilidad financiera.
Actualmente, las obras sociales, prepagas y aseguradoras acumulan una deuda total de $1.042.459.789 con el sistema de salud rionegrino. Entre los mayores deudores figuran OSECAC ($219 millones), OSPRERA ($188 millones), OSPECON ($133 millones) y Unión Personal Civil de la Nación ($31 millones), además de prestadoras como SANCOR, OSDE y Swiss Medical. El listado, que supera los 150 ítems, incluye obras sociales de sectores industriales, comercio, medios, transporte, seguridad, alimentación y servicios, lo que refleja la magnitud de los recursos que la Provincia adelanta para garantizar la atención.
La Ley 5.754, promulgada a fines de 2024, fue impulsada por el Poder Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad financiera de los hospitales provinciales, obligando a los terceros pagadores —obras sociales, prepagas y ART— a cubrir el costo de las prestaciones brindadas a sus afiliados en el sistema público.
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