La escena se repite como un déjà vu siniestro: portones forzados, techos escalados, pasamontañas, armas de fuego, víctimas maniatadas y el grito desesperado de “¿Dónde está la caja fuerte?”. Esta vez, la fiscalía de Roca decidió ponerle nombre a la pesadilla que sacudió durante un año a vecinos de Roca, Allen, Cipolletti y Neuquén capital. Los cinco detenidos por entraderas fueron acusados por asociación ilicita, robos calificados, agravados por el uso de arma de fuego y cometido en banda.
La banda funcionaba como una verdadera empresa del crimen. No eran improvisados. Tenían roles definidos, logística aceitada y hasta tecnología policial para garantizar la impunidad. Pero por ahora, sus identidades están bajo reserva: el juez prohibió difundir nombres o imágenes porque aún falta que las víctimas los reconozcan en rueda de personas. Un detalle que, lejos de protegerlos, los pone en el centro de una trama que huele a organización criminal de manual.
La fiscalía no escatimó en detalles. Habló de una docena de entraderas violentas entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Robos con escalamiento, golpes, amenazas, uso de armas y una obsesión por el dinero en efectivo. En algunos casos, exigían dólares como si supieran que las víctimas los guardaban. En otros, se llevaban hasta los DVR con las grabaciones de seguridad para borrar sus rastros. Y como si fuera poco, también robaban los celulares para evitar ser geolocalizados. Un operativo quirúrgico, pero sin anestesia.
El líder era el cerebro logístico. Proveía autos robados, dispositivos para escuchar la frecuencia policial (el famoso “bichito” o “cantora”) y hasta papeles con nombres y domicilios de futuros objetivos. A su alrededor, orbitaban los ejecutores, los vigilantes, los que marcaban casas en autos legales como un Ford Focus, y los que ocultaban los vehículos sustraídos. En uno de los casos, usaron un dron para vigilar.
Durante los asaltos, la violencia escalaba rápido. Precintos, alambres, culatazos, patadas, puñetazos. Todo para obtener lo que buscaban. En Cipolletti, por ejemplo, usaron una Jeep Compass gris robada para cometer varios robos. También se detectó un Peugeot 208 blanco con patente intercambiada y una Honda HR-V gris. Todos los vehículos eran rotados entre los miembros de la banda, como si fueran herramientas de trabajo.
La investigación se apoyó en pericias forenses, análisis de cámaras del 911, municipales y privadas, apertura de celulares, rastros de calzado y olor, y hasta cotejo de ADN. En uno de los teléfonos incautados, se encontró un mensaje que lo dice todo: “Si se juntan en Río Negro y muestran afirmaciones de los hechos, sacan al toque quiénes son, boludo. Por eso hay que cuidarse, compañero”. La fiscal lo citó en audiencia como prueba de que sabían perfectamente lo que hacían.
Las defensas intentaron desactivar la figura de asociación ilícita, pero la fiscalía fue tajante: “Trabajaban de esto. Hay selectividad de objetivos, análisis prolijo de las víctimas y una estrategia clara para concretar los hechos”. El juez de garantías homologó la imputación y dictó prisión preventiva por cuatro meses para todos los acusados. El mismo plazo fue fijado para la investigación penal preparatoria.
Mientras tanto, las víctimas esperan justicia. Y los acusados, que no pueden ser nombrados, aguardan en silencio el momento en que alguien los señale en una rueda de reconocimiento. Porque en esta historia, el anonimato no es protección: es apenas una pausa antes del próximo capítulo judicial.
