La Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) de la Legislatura de Neuquén recibió días atrás a la administradora general del Tribunal Superior de Justicia, Karina Reina. Durante la reunión, la contadora presentó los lineamientos del proyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2026, estimado en $389.456 millones.
“Es un presupuesto equilibrado, sostenible, responsable y austero, con la premisa de una justicia más cercana a la ciudadanía”, aseguró la funcionaria al resumir el cálculo de gastos y recursos. En ese marco, remarcó que el objetivo para el 2026 es dar continuidad a la transformación institucional, basada en tres ejes estratégicos: acceso a la justicia, modernización y comunicación.
La administradora detalló que el proyecto estima un total de recursos por $389.456 millones, de los cuales el 44% se generarán por los ingresos de coparticipación federal, calculados en $170.916 millones; el 2% por tasas de justicia y otros recursos propios, con $12.000 millones y el 53% corresponde a contribuciones figurativas del Tesoro Provincial por $206.540 millones. Tras detallar esos números, Reina advirtió que “los recursos son escasos” por lo que se inclinó a favor de revisar el porcentaje de fondos que recibe el Poder Judicial por ley de autarquía financiera, sancionada en 1992. Mencionó que año tras año los aportes recibidos de la Administración Pública se vieron incrementados hasta alcanzar el 53% actual.
En materia de gastos corrientes, explicó que la partida de personal demandará $358.886 millones, para una planta de 2548 cargos, de los cuales 2495 son permanentes y 53 temporarios. Dijo, además, que se prevén 30 nuevos cargos para funcionarios y operadores jurídicos y recordó que desde el 2023 no se incrementa la planta de trabajadores. El 47% del personal corresponde a magistrados, funcionarios y auxiliares de justicia; mientras que el 53% lo integra personal de servicio, administrativo y técnico.
La partida para personal representa el 92% del total del gasto con un monto total de $358.886 millones. El 60% de esa asignación se destina a magistrados y funcionarios, y el 40% restante lo recibe el personal administrativo y de servicios.
En otro tramo de su intervención, hizo hincapié en el fortalecimiento de los juzgados de paz a través de mejoras edilicias, para lo que se prevé una erogación de $564 millones, al igual que obra pública de edificios judiciales, para lo que se destinarán $2756 millones. La obra pública representa el 51% de los $6570 millones que se afectarán en gastos de capital, mientras que el 49% restante se destinará a bienes de uso, rubro que incluye la adquisición de equipamiento informático y software.
El cálculo estimado incorpora asignaciones para fortalecer la red de justicia y acceso comunitario, los organismos multifueros, la desfederalización del narcomenudeo, en el marco de la Ley 3488, con previsiones específicas para fortalecer las estructuras especializadas del Ministerio Público Fiscal (Unidad Fiscal de Narcocriminalidad), el Ministerio Público de la Defensa y el Laboratorio de Toxicología.
El proyecto de ley del Presupuesto 2026 para el Poder Judicial, al igual que el cálculo de recursos para los poderes Legislativo y Ejecutivo, se trataría en la sesión pactada para el 10 de diciembre, ya que la idea es que el gobernador Rolando Figueroa pueda dar por finalizado el año con la iniciativa ya aprobada.
