La Cámara de Diputados de la provincia del Neuquén tuvo esta mañana su 26° sesión ordinaria, ocasión en la que tomó estado parlamentario el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial, remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) para su análisis. Se trata de la iniciativa elaborada en el marco de la Comisión Interpoderes para la Reforma del Código, creada por resolución N°1229.
La nota de elevación cuenta con las firmas del gobernador de la Provincia, Rolando Figueroa; la vicepresidenta 1ra de la Cámara a cargo de la presidencia, Zulma Reina y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres. La reforma adopta un modelo adversarial donde la defensa en juicio de las partes y la imparcialidad judicial ocupan un lugar central.
Cabe destacar que el documento es el resultado de un trabajo que le demandó a la Comisión Especial un plazo de ocho meses durante los cuales representantes de los tres poderes del Estado, universidades y referentes del Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados mantuvieron ocho reuniones en la Legislatura con el jurista Gustavo Calvinho para delinear los 624 artículos que componen el plexo normativo.
De abril a la fecha, la Comisión Especial llevó adelante un esquema de encuentros en las siete regiones que integran la Provincia para informar a la ciudadanía sobre los alcances de la reforma. Al inicio del trabajo, los integrantes de la comisión decidieron dividir en dos subcomisiones la reforma procesal: por un lado la parte Civil y Comercial, y por otra parte todo lo relativo al fuero de Familia.
La normativa aclara que el documento del proyecto debe incorporar criterios rectores que permitan generar un sistema de justicia accesible, gratuito y comprensible para la sociedad. En ese sentido, destaca que tanto la oralidad, la inmediación del juez con las partes, la simplicidad, celeridad como la determinación de plazos razonables deben ser partes constitutivas de las distintas etapas del proceso.
Para ello, destaca la necesidad de introducir métodos alternativos de resolución de conflictos e implementar nuevas herramientas tecnológicas al proceso, entre ellas la Inteligencia Artificial, en aquellos casos en los cuales la oportunidad así lo habilite. También añade el criterio de regionalización, instancia que permite garantizar la cercanía al proceso de justicia.
