En Río Negro, el Estado decidió mantener firme la escoba. Entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes disciplinarios y se aplicaron 513 sanciones a empleados públicos. La lista no es menor: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos.
La encargada de ponerle palabras a la política de control interno fue Tania Lastra, secretaria de la Función Pública, quien no anduvo con rodeos: "Queremos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho". Y agregó que es la mejor forma de respaldar a los que sí cumplen con su tarea todos los días.
Detrás de las cifras frías hay una maquinaria estatal que no se detiene. Desde enero de 2024, se iniciaron 172 sumarios nuevos y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Pero no todo termina en castigo: también hubo 70 sobreseimientos y 193 expedientes archivados por falta de pruebas. Es decir, no todo el que es investigado termina sancionado.
Lastra aseguró que cada caso se analiza con lupa. Antes de aplicar una sanción, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna, donde intervienen abogados instructores que garantizan el derecho a defensa. “El objetivo -explicó- es tener un ambiente de trabajo justo y responder a situaciones que perjudican tanto al servicio como a los compañeros que sí hacen su parte”.
Los sumarios abarcan desde faltas cotidianas, ausencias injustificadas, desatención o negligencia, hasta peleas y malos tratos entre empleados, un clásico de pasillo que muchas veces termina escalando hasta los despachos de la Junta de Disciplina.
Las sanciones más duras, claro, son las que más ruido hacen. La cesantía implica la desvinculación del agente, aunque con la posibilidad de reingresar después de cinco años. En cambio, la exoneración es el punto final: borra al agente del mapa estatal y lo deja inhabilitado de por vida para volver a trabajar en la administración pública.
Un ejemplo reciente lo ilustra: un empleado condenado por violencia de género fue exonerado tras una sentencia firme de la Justicia. En esos casos, el Estado no duda.
El organismo que decide estas sanciones es la Junta de Disciplina, un cuerpo que busca transparencia: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos gremiales, uno de ATE y otro de UPCN.
Al cierre, Lastra dejó una frase que resume el espíritu del proceso: "Corregir lo que está mal también es rendir cuentas. Es valorar el esfuerzo de quienes sostienen el servicio público todos los días".
