De acuerdo con los cada vez más alarmantes números que se expresan en el presupuesto anual del Poder Judicial, hay una certeza imposible de ocultar: la Justicia neuquina está financieramente quebrada. Si fuera una empresa, ya hubiera declarado esa quiebra. Como no lo es, se habla solo de déficit, pues el Estado, como se ha dicho tantas veces en Argentina y en Neuquén, "no quiebra". Lo cierto es que los recursos de la Justicia no alcanzan para pagar la mitad de sus gastos, que son, fundamentalmente, salariales.
En la información oficial, se ha destacado, a manera de resumen, que el presupuesto 2026 del Poder Judicial prevé un total de recursos por 389.456 millones de pesos. El 44% se generarán por los ingresos de coparticipación federal, calculados en 170.916 millones de pesos; el 2% por tasas de justicia y otros recursos propios, con 12.000 millones y el 53% corresponde a contribuciones figurativas del Tesoro Provincial por 206.540 millones de pesos. En concreto, la "autarquía financiera" que se consagró por ley, no existe.
La Ley de Autarquía Financiera del Poder Judicial en Neuquén fue aprobada y promulgada en 1992. Gobernaba Jorge Sobisch, imbuido de un espíritu de cambios institucionales, que lo llevarían después a impulsar el sistema proporcional de votos en la Legislatura, y a reformar la Constitución provincial. Se estableció en esa ley, la 1971, que "El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 169, inciso d), de la Constitución provincial, preparará anualmente el proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de recursos del Poder Judicial, a partir de la disposición del dieciocho por ciento (18%) del producido del Régimen de Coparticipación de Impuestos Nacionales que le corresponde a la Provincia, en virtud de lo establecido en los artículos 3° -incisos b) y c)- y 4° de la Ley 23.548, o la que la reemplace, libre de cualquier retención a la que sea ajeno el Poder Judicial".
Eso funcionó, al principio. Pero después, los gastos crecieron y los recursos bajaron. Los gastos del Poder Judicial son mayormente producidos por los salarios de sus jueces y empleados. Además, sucesivas reformas llevaron a ampliar el servicio de Justicia. Es decir, más gastos, con recursos que en vez de aumentar, se reducían. Así, simple y fatalmente, se llegó a esta actualidad, en la que, ya desde el presupuesto -que será aprobado los próximos días en la Cámara de Diputados- se establece que el Ejecutivo aportará 53 por ciento del total, más de 206 mil millones de pesos en 2026.
El diputado Marcelo Bermúdez (PRO, aliado del gobierno provincial) no tiene dudas, según dijo este jueves al programa Así Estamos, en radio Mitre, de que hay que "cambiar el sistema", pues no es lógico que la Justicia provincial dependa de un financiamiento que los neuquinos no pueden manejar, pues son fondos coparticipados por Nación. Esa dependencia para una autarquía dibujada, solo podría romperse si se modifica o suprime la Ley 1971. De lo contrario, se seguirán aprobando presupuestos que no corresponden con la proclamada, hace tres décadas, "autarquía" de la Justicia neuquina, presentada, en su momento, como una ratificación concreta de la división de poderes republicana y la independencia del Poder Judicial.
La intención, como se dice, fue buena, pero el resultado no lo ha sido, por distintos factores solo explicables ante la suprema inestabilidad argentina. Por eso, es muy probable que en 2026 se aborde este tema de la Justicia quebrada, para que intenciones y realidades coincidan, y la independencia del Poder Judicial no sea solo un dibujo en la intrincada red de leyes viejas.
