Un líder religioso y trabajador de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) quedó en el ojo de la tormenta tras ser acusado de promoción de la corrupción de menores, en una audiencia donde la Justicia dispuso medidas cautelares urgentes para proteger a una adolescente de 17 años y a su madre. El caso, que sacude a Carmen de Patagones, se suma a la reciente condena de otro referente espiritual en Viedma, lo que expone un patrón inquietante: figuras de poder religioso que terminan señaladas por delitos sexuales contra menores.
La denuncia que disparó el proceso no surgió de un ámbito judicial, sino de la propia escuela de la joven, donde comentarios de la adolescente activaron de inmediato los protocolos de protección de menores. Ese detalle es clave: fue la institución educativa la que encendió las alarmas, mostrando que la primera línea de defensa de los chicos muchas veces no está en el Estado ni en la Iglesia, sino en el aula.
Durante la audiencia, el juez Guillermo González Sacco escuchó los planteos de la fiscal adjunta Candela Sequeiro, quien subrayó la necesidad de medidas cautelares "para que puedan transitar sin temor el proceso". Tanto la adolescente como su madre manifestaron miedo a represalias, y la fiscal convirtió en argumento central. La Justicia respondió con contundencia: prohibición absoluta de acercamiento y contacto, directo o indirecto, en un radio de 300 metros por tres meses.
La defensa, encabezada por el abogado Joan Maradona, intentó relativizar la acusación. Señaló que el imputado conoció a la adolescente en la iglesia “Asamblea de Dios” y que trabaja con jóvenes junto a su esposa, por lo que resultaría difícil comprender cómo habrían ocurrido los hechos denunciados. Sin embargo, ese planteo no logró frenar la decisión del magistrado, que priorizó la protección de la víctima por encima de las dudas de la defensa.
El caso no se lee en soledad. Apenas unos meses atrás, otro líder espiritual, Gustavo Daniel Sisterna, fue condenado en Viedma por abuso sexual agravado contra una adolescente de 15 años. La sentencia del 4 de julio de 2025 fue lapidaria: Sisterna se aprovechó de la inmadurez sexual de la joven y, sobre todo, de la confianza que su rol de líder de alabanza le otorgaba dentro del grupo de jóvenes del Centro Cristiano Viedma.
Ese episodio, ocurrido en el verano de 2023 en una vivienda de calle Alberdi, expuso la crudeza de un patrón repetido: adultos con poder religioso o celadores de organismos de protección, que se acercan a adolescentes bajo el paraguas de la fe y terminan señalados por delitos sexuales. La coincidencia temporal y geográfica entre ambos casos multiplica la alarma social: no se trata de hechos aislados, sino de una cadena de traiciones a la confianza depositada en quienes deberían guiar y proteger.
