En la continuidad de sus políticas de tolerancia cero frente a las indisciplinas y la corrupción, el gobierno provincial neuquino despidió a un ahora ex penitenciario que había sido condenado por abuso sexual; y en paralelo rechazó el perdón administrativo que había presentado un sujeto condenado en una causa por narcotráfico. Los decretos se conocieron este viernes, junto con otro que rechazó el perdón administrativo de una mujer que había sido despedida por inconductas en un establecimiento educativo.
El 18 de julio de 2024, la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo la destitución por exoneración del ahora ex oficial subinspector Marcos Sebastián Castro, quien se desempeñaba como formador en la división de Capacitación Penitenciaria.
Este fue acusado de haber abusado de dos mujeres durante una sesión de capacitación sobre el procedimiento de cacheo. Los peritos dieron por acreditado que eso ocurrió el 29 de noviembre de 2020, en la ciudad de Neuquén y le endilgaron “una conducta inapropiada” que perpetró “bajo el pretexto de un acto pedagógico”.
Además del sumario administrativo, Castro fue objeto de una causa judicial por abuso sexual simple y el 9 de junio de 2023 fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional. Se le impuso como pena accesoria la inhabilitación especial perpetua para desempeñar funciones como efectivo policial.
“Este tipo de conductas en nada se condice con el accionar y conducta que debe observar todo empleado policial”, dice el decreto con el que le aplicaron la destitución por exoneración, el máximo castigo administrativo posible.
Los expedientes se aceleraron por decisión del gobierno, para separar rápidamente a quienes no son dignos de trabajar en los organismos del Estado provincial neuquino.
También este viernes se conoció el rechazo al perdón administrativo que había solicitado Julio César Blanco, que fue condenado en una causa por narcotráfico. Según consta en la documentación oficial, el 19 de septiembre de 2024, Blanco pidió que se considerara su caso.
Trabajaba como sereno en la subsecretaría de Familia del ministerio de Desarrollo Social. Luego, la Justicia consideró a Blanco autor penalmente responsable del delito de confabulación para la comercialización de estupefacientes y le impuso la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.
El 9 de septiembre de 2024, la actual gestión provincial lo dio de baja de los cuadros de la administración pública provincial y ahora le rechazó sus pretensiones de regreso.
Otro de los casos que se conocieron este viernes es el de Claudia García, quien el 18 de agosto de 2024, interpuso recurso administrativo contra la resolución por la cual el Consejo Provincial de Educación (CPE) dispuso la clausura de la inscripción a la Escuela Secundaria de Arte para el Alma - Alma Libre, así como la sanción de cesantía a esta mujer en su carácter de directora.
En el expediente se detalla que, en 2022, un grupo de padres y madres se presentó ante las autoridades del CPE y denunció presuntas irregularidades padecidas por sus hijos e hijas en el colegio mencionado. También se indicó que hubo denuncias de ex profesores y de la supervisión de nivel medio.
“Las causales sumariales imputadas fueron descriptas como presuntas faltas pedagógicas, falta de proyecto pedagógico individual para la inclusión para los menores con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y de seguimiento de la trayectoria de los mismos, falta de personal para control y cuidado de los menores de edad que asistían a la institución, prohibición de entrada de maestras de apoyo”, además de “gran cantidad de horas libres, falta de materiales para trabajar en la institución; presuntas faltas administrativas: legajos de docentes y alumnos incompletos, faltas en libro de temas, memoriales, libros de exámenes, contrataciones del personal de forma irregular”, entre otras.