La demanda de mayor seguridad omnipresente en la ciudadanía requiere un esfuerzo conjunto de los tres poderes del Estado. Lejos de tratarse de “una sensación”, la inseguridad forma parte de la vida cotidiana en Argentina y crece sin escalas desde hace por lo menos 30 años. Es considerado el problema número uno en todos los sondeos de opinión junto a la situación económica general. La sociedad resignó con el paso del tiempo hasta el espacio público en manos de la delincuencia. Los más avanzados en edad recuerdan con nostalgia “aquellos tiempos” en los cuales la niñez transcurría lúdica en las calles sin la celosa tutela por parte los mayores. Un lujo reservado hoy sólo a quienes pueden habitar en barrios cerrados. Las nuevas generaciones naturalizan y dan por obvia la necesidad de alarmas domiciliarias, grupos vecinales de WhatsApp, perros guardianes y casas enrejadas. No siempre fue así. La privatización del servicio de seguridad fue paulatino y necesitó, entre otras cosas, tres décadas de fracasos desde la gestión pública.
Se trata de un fenómeno global, aunque la provincia de Neuquén, faro de desarrollo económico a nivel nacional, convive con el problema de una manera particular. El potencial económico junto a los discursos grandilocuentes sobre las bonanzas de los hidrocarburos, atraen en promedio a veinte esperanzadas familias por día que deciden probar suerte en la región. El crecimiento demográfico exige al límite a los funcionarios públicos que deben asimilar también las malas nuevas, entre ellas, el crecimiento de la delincuencia.
La asunción del gobierno Neuquinizate puso en marcha una serie de iniciativas que intentan contrarrestar la dimensión del problema. Desde la jerarquización del área de seguridad, que a la llegada de Figueroa no tenía siquiera rango de ministerio, hasta la adhesión de la provincia a la lucha contra el narcomenudeo junto a las intendencias y el ministerio público fiscal. Creación del consejo de seguridad, incorporación y capacitación de agentes, compra de vehículos, insumos y armas integran, entre otras iniciativas, el menú exhibido por el ejecutivo provincial.
También el poder legislativo hizo lo suyo. Durante el último año se sancionaron leyes que acompañaron el proceso. Entre otras, la ley de emergencia penitenciaria para inyectar una inversión de cincuenta millones de dólares en ampliación, refacción y construcción de unidades de detención, la autorización de uso de “armas menos letales” para las fuerzas de seguridad y la actualización de la Ley Orgánica de la Policía en proceso de aprobación.
De repente…
La sorpresa provino desde el poder judicial. La ex ministra de seguridad y actual titular del ministerio público de la defensa, Vanina Merlo, expresó su rechazo al proyecto de ley de reiterancia. Dicho proyecto, que ya cuenta con media sanción en el congreso de la nación, busca terminar con la “puerta giratoria” en el ámbito de la justicia penal. Una lógica instalada a través de la cual los delincuentes suelen quedar en libertad durante los aletargados procesos judiciales y pueden continuar, mientras tanto, en la actividad ilegal. Según confiesa el propio informe elevado por Merlo, el número de detenidos si se tiene en cuenta la reiterancia, podría aumentar en un 394 por ciento. Todo un logro en materia de lucha contra la inseguridad que no es considerado como tal por la funcionaria.
Dos argumentos un tanto frágiles completan el informe. El primero, vela por los derechos humanos de los procesados. Una vez más, la justicia elige la mitad de la biblioteca que no incluye a las víctimas de la inseguridad entre sus prioridades. “La regla es la libertad y la prisión preventiva la excepción” aclara el documento. Una máxima que tienen lo suficientemente clara quienes han sido víctimas a manos de procesados en libertad. El segundo argumento es incluso más curioso: no hay lugar en las cárceles. Todo un ejemplo de “redondeo hacia abajo” que pone el carro delante del caballo y sugiere disminuir las detenciones por carecer de espacio físico suficiente. Un razonamiento por lo menos extraño que implica reducir la lucha contra la inseguridad a la altura de la negligencia de los últimos gobiernos provinciales.
Más allá del singular aporte del ministerio público de la defensa, el proyecto de reiterancia cuenta con suficientes adhesiones en la legislatura y será, muy probablemente, transformado en ley. Un paso más en la lucha contra la inseguridad que requiere de mucho sentido común, un sentido que abunda en la sociedad y escasea muchas veces en el poder judicial.