La Legislatura de Neuquén está atravesando un fuerte debate en torno al proyecto de ley de reiterancia delictiva, una iniciativa que busca aplicar prisión preventiva a personas que hayan reincidido en delitos como robos o hurtos. A pesar del respaldo que ha ganado a nivel nacional y del creciente apoyo dentro de la provincia, el Ministerio Público de la Defensa , encabezado por Vanina Merlo, ha expresado un rechazo contundente al considerarlo inconstitucional y contrario a los principios del derecho penal moderno.
Sin embargo, lo llamativo del escenario actual es que diputados de distintos bloques —lejos de quedar atrapados en una grieta partidaria— se han unido bajo un mismo eje: la necesidad de proteger a las víctimas y limitar la libertad de quienes reinciden en el delito. Según explicaron esta ley permite poner fin a la "puerta giratoria de la justicia", cerrando las puertas para aquellos que roban una vez tras otra.
En tanto, la situación preocupa en la provincia, ya que quien se encargó de denostar el nuevo proyecto de ley de la reiterancia es nada más y nada menos que la ex Ministro de Seguridad por el gobierno de Omar Gutiérrez, que hoy en día se muestra en la vereda de la defensa garantista versus las exigencias de los diputados provinciales que juran defender los derechos del ciudadano común.
Una crítica transversal
El diputado Damián Canuto (PRO) fue uno de los primeros en responder al informe negativo emitido por el MPD. “Debería decir que me sorprende, pero viniendo de quien viene, no me sorprende. Es triste que la única lectura sea teórica y abstracta, demasiado juridicista. La reiterancia apunta a algo tan simple como aplicar prisión preventiva a quienes reinciden pese a estar identificados. No entiendo cómo eso no se considera una situación a atender”, expresó con dureza.
Canuto también apuntó contra uno de los principales argumentos del MPD: la saturación del sistema carcelario. “Según el informe, 429 casos podrían ir a prisión si se aprueba la ley. Es decir, 429 personas que hoy están libres y cometiendo delitos. La crisis carcelaria que aducen solo confirma que 4 de cada 5 personas son liberadas tras delinquir. Hay un divorcio total con la realidad”, enfatizó.
"Defender a la gente, no a los delincuentes"
En la misma sintonía se manifestó el legislador Ernesto Novoa, quien lamentó el enfoque del MPD y defendió con firmeza el proyecto. “La impunidad no puede ser una respuesta institucional. No puede ser que porque no hay lugar en las cárceles, los delincuentes sigan jodiéndole la vida a la gente”, criticó.
Novoa fue más allá en sus declaraciones al asegurar: “Estamos frente a una colisión de derechos. Los delincuentes tienen derechos, pero también los tiene la gente que se mata trabajando. No podemos permitir que una persona robe de forma indiscriminada porque no hay espacio carcelario. Yo elijo estar del lado de las víctimas, no de los chorros. Si hace falta declarar la ley inconstitucional, que se declare. Pero primero pongamos un freno al delito”.
El derecho penal, en el centro de la discusión
Por su parte, el diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) planteó que aplicar la reiterancia no vulnera en absoluto la presunción de inocencia, ya que la prisión preventiva es una medida vigente y utilizada. “Todos los días se dictan prisiones preventivas a personas que aún no han sido declaradas culpables. Si eso no vulnera derechos, ¿por qué lo haría ahora?”, argumentó.
El legislador también cargó contra el razonamiento de la defensa pública: “La titular del MPD dice que hay que garantizar que el proceso siga su curso en libertad. Pero mientras tanto, esa persona sigue robando. ¿Eso es garantizar justicia?”, se preguntó.
Garantismo versus punitivismo
El proyecto ha reavivado un viejo dilema en el ámbito jurídico: el equilibrio entre los derechos de los imputados y la necesidad de brindar seguridad a la ciudadanía. Mientras el MPF argumenta que la medida compromete el principio de inocencia, los legisladores insisten en que el garantismo llevado al extremo está dejando a la población desprotegida ante el delito.
Vanina Merlo, ex ministra de Seguridad de la provincia y actual titular del MPD, quedó en el centro de la escena. Su informe en contra de la iniciativa fue interpretado por los diputados como una muestra de desconexión con la realidad cotidiana de los neuquinos.
“Estamos discutiendo una herramienta útil para frenar la ola de delitos. La respuesta del MPD fue decepcionante. Nosotros vamos a insistir porque no se trata de teorías jurídicas, se trata de la gente que vive con miedo”, concluyó Canuto.
Con la reiterancia como eje de disputa, Neuquén se enfrenta a un debate crucial que expone las tensiones entre garantismo y punitivismo. Pero si algo quedó claro esta semana, es que los legisladores, más allá de sus banderas políticas, están decididos a avanzar con la ley para dejar de lado la “puerta giratoria” y fortalecer la respuesta estatal frente al delito.