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Nuevas reglas para contratar con el Estado: quedan fuera empresas ligadas a la corrupción

La nueva norma amplía los criterios de exclusión y obliga a controles más estrictos en las licitaciones.

Por Redacción

Martes, 06 de enero de 2026 a las 18:18
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El Gobierno nacional avanzó con cambios clave en el régimen de contrataciones públicas y endureció las condiciones para participar en licitaciones del Estado. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se amplió el alcance de las exclusiones y quedaron fuera de los procesos de contratación las empresas y personas vinculadas a hechos de corrupción que figuren en listas de inhabilitación de organismos internacionales.

La medida establece que no podrán ser contratados por la administración pública quienes estén sancionados por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, no solo por casos de cohecho transnacional, sino también por prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, apropiación indebida u otras conductas graves.

Desde el Ejecutivo remarcaron que las compras y obras públicas deben regirse por principios de integridad, transparencia y eficiencia, y advirtieron que la corrupción genera un uso ineficiente de los recursos estatales y deteriora la confianza en las instituciones.

Con esta actualización normativa, el Gobierno modificó disposiciones vigentes desde 2016 y 2018, con el objetivo de resolver problemas operativos detectados en su aplicación y fortalecer los mecanismos de control en los procesos de licitación, especialmente en el actual contexto de privatizaciones y nuevas concesiones de rutas nacionales.

Uno de los cambios centrales es que ya no será suficiente la declaración jurada de las empresas. A partir de ahora, los organismos contratantes deberán verificar de manera efectiva que los oferentes no integren los registros de inhabilitados de los bancos multilaterales.

El decreto también aclaró que la exclusión se mantendrá mientras esté vigente la sanción internacional, y alcanzará a obras públicas, concesiones y provisión de bienes y servicios dentro del ámbito de la administración pública nacional.

La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 15 días hábiles y se aplicará a los procedimientos que se autoricen o convoquen a partir de ese momento.

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