En una sesión cargada de definiciones políticas, el Senado sancionó este jueves, por amplia mayoría, la ley de financiamiento universitario que actualiza salarios docentes y no docentes, y garantiza el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país. La norma, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue aprobada con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Desde la Patagonia, el respaldo fue contundente: 14 votos positivos y una sola abstención. En ese contexto los tres senadores rionegrinos votaron a favor de la iniciativa, alineándose con el reclamo de la comunidad universitaria y los rectores del sistema público.
Martín Doñate y Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), junto a Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), acompañaron el proyecto sin objeciones. El voto en bloque fue interpretado como una señal de respaldo institucional a las universidades nacionales con sede en la provincia, como la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que vienen denunciando recortes presupuestarios y dificultades para sostener sus actividades. La ley sancionada obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios desde diciembre de 2023 en línea con la inflación, convocar paritarias mensuales y ajustar los gastos de funcionamiento de forma bimestral durante 2025.
El proyecto fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo de bloques opositores, sectores sindicales y estudiantiles. La senadora García Larraburu expresó que “la universidad pública es el motor del desarrollo federal y el acceso al conocimiento no puede estar condicionado por decisiones fiscales regresivas”. Por su parte, Doñate remarcó que “el desfinanciamiento universitario es parte de un modelo que excluye y empobrece. Esta ley es una respuesta institucional a la demanda de millones de estudiantes y docentes”. Mónica Silva, en tanto, destacó que “el sistema universitario es clave para el desarrollo territorial y merece previsibilidad presupuestaria”.
La sanción de la ley representa un nuevo revés legislativo para el presidente Javier Milei, quien ya anticipó que vetará la norma por considerar que atenta contra el equilibrio fiscal. Sin embargo, el respaldo parlamentario fue tan amplio que dejó sin margen a La Libertad Avanza para resistir. Desde los sectores universitarios se celebró la aprobación como un triunfo colectivo, aunque se mantiene la preocupación por la posible intervención del Ejecutivo. En Río Negro, el voto unánime de sus senadores fue leído como un gesto de compromiso con la educación pública, la equidad territorial y el derecho al conocimiento.
