La Legislatura de Río Negro dio luz verde en primera vuelta a un proyecto que establece el cobro por la atención hospitalaria y la educación superior para extranjeros de paso o con residencia transitoria. La medida fue aprobada con 33 votos a favor, mientras que las bancadas peronistas sumaron 9 votos en contra y hubo cuatro ausencias en el recinto. Ahora, el proyecto deberá pasar por una segunda vuelta, ser promulgado y reglamentado por el Ejecutivo antes de su implementación.
La iniciativa es impulsada por los legisladores oficialistas Lucas Pica y Facundo López, junto Javier Acevedo del ARI, quienes unificaron dos proyectos previos. Durante el debate, el cipoleño aseguró que los servicios básicos deben priorizar a los rionegrinos que pagan impuestos y que el objetivo es “regular el acceso de los extranjeros al sistema de salud pública y a la educación superior, evitando un impacto negativo en los ciudadanos locales”.
Desde la oposición, los legisladores del bloque Vamos con Todos y del PJ-Nuevo Encuentro rechazaron la propuesta. El ultrasorista José Luis Berros calificó el proyecto como una “máquina de humo” que busca instalar racismo y xenofobia para tapar la mala gestión de la salud y la educación pública. Magdalena Odarda agregó que “ha ganado el discurso del odio y la estigmatización”, mientras Ayelén Spósito lo definió como una iniciativa “tribunera que incumple la Constitución y no soluciona la crisis de la salud pública”. Leandro García, por su parte, cuestionó la falta de datos sobre cuántos extranjeros serían afectados y consideró el proyecto “retrógrado y conservador”.
Los autores del proyecto defendieron su iniciativa. El roqunese Acevedo dijo que muchos legisladores “no han leído los artículos o hacen un discurso ideológico”, mientras que López remarcó que la atención seguirá siendo pública, pero que “no es gratuita, sino que la pagan los contribuyentes rionegrinos”. Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, sumó que la medida “no significa abandono de nadie”, y Juan Martín, del PRO, criticó al kirchnerismo por cuestionar ahora el impacto económico cuando nunca se interesaron por las estadísticas en el pasado.
La polémica está instalada y la discusión no termina: la medida busca cuidar los recursos provinciales, pero enfrenta acusaciones de discriminación y falta de fundamento estadístico. El proyecto avanzará hacia la segunda votación, donde se definirá si finalmente se convierte en ley y entra en funcionamiento.
