Una vecina de Cipolletti obtuvo un fallo favorable en un conflicto que mantenía con el dueño de la propiedad lindera en el barrio San Lorenzo. La Justicia Civil determinó que el vecino deberá devolverle más de 65 metros cuadrados que había ocupado y le fijó un plazo de 45 días para restituir el terreno y desmantelar el galpón constrido.
El caso comenzó cuando la mujer decidió levantar un quincho en el fondo de su casa y contrató a un arquitecto para avanzar con el proyecto. Durante las mediciones, descubrió que su lote no tenía los 378 metros cuadrados que figuraban en la escritura. Le faltaban más de 60.
Ante la sospecha, pidió la intervención de un agrimensor. El profesional confirmó que los títulos coincidían con lo denunciado: la propiedad terminaba antes de lo que mostraban los papeles porque el vecino había instalado un galpón de chapas sobre parte de esa superficie. En números concretos, el inmueble ajeno avanzaba sobre una franja de 12 metros de ancho por 5,45 de largo, lo que sumaba 65,40 metros cuadrados invadidos.
La mujer intentó resolver el problema sin llegar a los tribunales. Buscó al vecino, lo contactó, incluso promovió una mediación para encontrar una salida, pero no consiguió respuesta. El ocupante evitó cualquier instancia de diálogo. Ante esa negativa, presentó una acción de reivindicación en la Justicia para que se le reconociera la titularidad y se ordenara la restitución de su lote.
En el juicio, el demandado negó todo a través de su abogado, pero no presentó pruebas ni explicó cómo había terminado ocupando ese sector del terreno. Tampoco acreditó buena fe ni aportó ningún título que justificara su permanencia.
Durante el proceso, el fuero civil de Cipolletti recibió la pericia en agrimensura. El informe fue concluyente: el galpón del vecino estaba construido sobre parte de la propiedad de la denunciante. Como no hubo impugnaciones, la prueba quedó firme y se convirtió en el elemento central de la causa.
Con esos datos, la jueza resolvió que la fracción ocupada debía ser restituida. Ordenó al demandado entregar el sector en un plazo de 45 días y retirar lo edificado, bajo apercibimiento de ejecución forzada a su cargo. También valoró la actitud de la mujer, que apenas descubrió el problema buscó distintas instancias para resolverlo antes de acudir a la vía judicial.
