En el marco del juicio por la presunta estafa con planes sociales en Neuquén, este miércoles se vivió una situación particular: los jueces ordenaron cerrar al público y a la prensa una de las audiencias para resguardar información sensible vinculada a uno de los imputados.
La decisión fue tomada por el tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Gaita, a partir del planteo de un defensor que solicitó la reserva del debate. Estaba previsto que declararan tres testigos —una psicóloga y dos médicos psiquiatras—, quienes aportarían datos de la historia clínica del acusado.
El cierre busca proteger el derecho a la intimidad y a la salud del imputado, en cumplimiento con la legislación vigente que establece que la información médica solo puede ser revelada con autorización del paciente o por orden judicial en circunstancias específicas. En este caso, los magistrados consideraron que los testimonios contenían datos sensibles que no debían hacerse públicos.
Aunque no trascendieron los detalles, se supo que la defensa hizo referencia a un condicionamiento de salud mental que habría limitado al imputado en el desempeño de sus tareas laborales, señalando además que actuaba bajo órdenes directas de un superior.
Mientras tanto, el juicio avanza hacia su etapa final. En la sexta semana del debate, ya se manejan fechas tentativas para los alegatos: la fiscalía expondría el próximo miércoles 3 de septiembre, y la defensa lo haría el lunes 8. Posteriormente, se realizará una audiencia donde se darán a conocer las penas, lo que podría extender el proceso al menos dos semanas más.
Cabe recordar que en la causa hay 14 imputados, tres de ellos con prisión preventiva: el exdirector de Planes Sociales Ricardo Souza, el exdirector de Fiscalización Marcos Osuna y el excoordinador del área Pablo Sanz
