El fiscal general de Neuquén, José Gerez, junto al jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez, y el director del Departamento Antinarcóticos, comisario mayor Nelson Peralta, ratificaron esta semana una serie de convenios con municipios para profundizar la lucha contra el microtráfico de drogas en la provincia.
Entre las principales medidas se destacan: la difusión de un código QR para realizar denuncias anónimas, la utilización de hornos pirolíticos para la quema de estupefacientes incautados, y el acompañamiento de los gobiernos locales en el proceso de demolición de viviendas utilizadas reiteradamente como puntos de venta.
“No solo vamos por los que venden, vamos por las casas desde donde se vende”, advirtió Gerez.
La iniciativa se enmarca en el compromiso asumido en abril pasado, durante un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, en el que se firmó un acta conjunta con intendentes, presidentes de comisiones de fomento, legisladores, el Poder Judicial y la Policía del Neuquén. Allí, se asumió el compromiso de combatir el narcomenudeo desde cada uno de los ámbitos institucionales.
Denuncias anónimas y clausuras
Hasta el momento, se firmaron convenios específicos con nueve municipios: Neuquén, Centenario, Cutral Co, Añelo, Plottier, Senillosa, Villa La Angostura, Villa El Chocón, entre otros. La estrategia de difusión del código QR incluye su impresión en folletos, imanes, unidades de transporte público, taxis y hasta facturas de servicios, como las de la cooperativa CALF, que llega a más de 114.000 usuarios.
“Queremos que el vecino tenga una herramienta fácil, rápida y segura. Pero también que el que vende droga sepa que está siendo observado”, remarcó el fiscal.
En paralelo, la Fiscalía y la Policía ya avanzaron con la clausura preventiva de dos viviendas identificadas como puntos de venta. Ambas están actualmente bajo custodia policial.
Gerez explicó que el objetivo es cerrar de forma definitiva estos focos, identificar a los propietarios de los inmuebles y evaluar si hubo complicidad. En caso de usurpación, se buscará que el dueño recupere la propiedad o acuerde su demolición con el Estado.
“Lo que no vamos a permitir es que se siga vendiendo droga allí”, afirmó el fiscal, quien adelantó que se firmarán nuevos convenios con municipios para utilizar maquinaria municipal en los procedimientos de demolición.