El intendente de Aluminé, Diego Victoria, apuntó directamente contra la jueza de Garantías Leticia Lorenzo, a quien responsabilizó por la continuidad del conflicto en el asentamiento “31 de Mayo”, donde vecinos y vecinas permanecen desde hace 108 días.
La controversia se reavivó tras la audiencia realizada en Zapala, en la que la magistrada resolvió no imputar a los ocupantes por el delito de usurpación y derivar la causa a la vía civil, dejando sin efecto las medidas cautelares que restringían la circulación en el predio.
Victoria calificó la decisión como “una falta de respeto” y advirtió sobre el impacto que puede tener a nivel provincial.
“La verdad que bastante triste en cuanto a la resolución que pudo establecer la jueza Leticia Lorenzo de Zapala. En lo personal bastante decepcionado, ya que veníamos haciendo un trabajo prolijo y a conciencia en el marco de la ley”, expresó el intendente en declaraciones radiales.
El jefe comunal recordó que desde el inicio de la ocupación se realizaron denuncias, se habilitaron mesas de diálogo y se propusieron soluciones habitacionales, que –según él– fueron rechazadas:
“Tuvimos intervenciones del Gobierno provincial, de mediadores penales, la apertura de una mesa de diálogo. Todas las propuestas del Ejecutivo fueron desaprovechadas y desactivadas por ellos”, señaló.
En ese sentido, enfatizó: “No vamos en contra del vecino ni de la necesidad, entendemos que la necesidad es real, pero tenemos 454 carpetas de familias que esperan pacíficamente y con puntaje asignado. Si yo me corro de la ordenanza, estoy violando los derechos de esas personas”.
Además, advirtió que la decisión judicial podría extender el conflicto a otros puntos de Neuquén: “Hago responsable a la jueza doctora Leticia Lorenzo de todo el caos social que se pueda vivir en Aluminé. Es una decisión trascendental no sólo para nuestra localidad sino para toda la provincia, porque la necesidad habitacional es compleja en toda Neuquén. Hoy la justicia neuquina tiene los ojos vendados, muy alejada de la realidad”.
Victoria señaló que el municipio avanza con un plan para recuperar lotes baldíos y ya logró adjudicar cuatro terrenos a familias vulnerables. Sin embargo, insistió en que debe respetar el ordenamiento territorial vigente: “Hoy tenemos un plan aprobado. No me puedo correr de esas normas porque si lo hago las estoy violando y el peso de la ley me va a venir a mí. Mi rol es ejecutar las ordenanzas y garantizar los derechos para todos y todas, no sólo para algunos”.
La resolución judicial no otorga la propiedad del predio ni dispone su adjudicación, sino que ordena que el conflicto se tramite en el fuero civil. Frente a este escenario, Victoria adelantó que recusará a la magistrada y que continuará defendiendo la aplicación estricta de las normas locales.
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