El pequeño Benjamín Valero, de seis años, caminaba por la calle Buenos Aires y al llegar al puente que atraviesa el canal que divide la calle San Martín el nene escapó de su mano y se puso a caminar por el borde del puente, hasta que perdió el equilibrio y cayó dentro del curso de agua. La corriente lo arrastró a un sifón debajo del puente y murió ahogado. Casi 8 años después, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó que el municipio de Ingeniero Huergo es el único responsable por no colocar medidas de protección en el lugar. La sentencia fijo en 132.243.414,56 pesos en concepto de capital con más la de $66.121.707,28 que se presupuestan en concepto de intereses y costas, además debe hacerse cargo de los honorarios de los abogados.
El hecho sucedió a principios de diciembre de 2017, cuando el pequeño caminaba junto a su madre por la calle San Martín y perdió el equilibrio al cruzar un puente sin protecciones. El agua lo arrastró hasta un sifón y quedó atrapado bajo un puente. La tragedia sacudió a toda la comunidad. Pese al esfuerzo de vecinos y policías que se acercaron, el cuerpo del niño recién logró ser rescatado cuando cortaron el agua del canal. Fue trasladado al hospital local, pero todas la maniobras fueron en vano, porque ya no tenía signos vitales.
Los padres del niño demandaron al municipio y obtuvieron un fallo favorable. Desde la comuna intentaron correr parte de la responsabilidad hacia el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y al Consorcio de Riego de Huergo, pero el STJ rechazó esa estrategia y confirmó que la única condenada es la intendencia.
Con la sentencia firme, el municipio informó que se alcanzó un acuerdo para reducir los intereses y avanzar en el pago de la indemnización. Ya se cancelaron los honorarios profesionales y se abonó la segunda cuota del capital, cumpliendo en tiempo y forma con lo pactado.
En un comunicado, la gestión actual de la peronista Silvia Penilla apuntó contra la anterior de Miguel Martínez: aseguró que, de haberse resuelto en su momento, el juicio hubiera costado mucho menos y se habrían evitado pérdidas millonarias para las cuentas públicas. En relación a la intención de revocar el fallo y tratar de distribuir responsabilidades con el Consorcio de Regantes y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
