Durante la 18° sesión ordinaria, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) cuestionó a jueces provinciales que, según afirmó, se negaron a aplicar la ley de reiterancia, recientemente sancionada por la Legislatura.
El legislador mencionó una carta enviada al juez Maximiliano Bagnat (San Martín de los Andes) para conocer los motivos por los que no aplicó la norma a un acusado de narcotráfico, pese a haberla utilizado en un caso menor.
“¿Por qué se le aplica reiterancia a un ladrón de gallinas y no a un narco?”, planteó Bermúdez.
También señaló casos de violencia y abuso en los que, dijo, no se actuó con la firmeza que demanda la ley. Advirtió que esta situación genera “puertas giratorias” que ponen en riesgo a la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad.
Respuesta de las asociaciones judiciales
El Colegio de Jueces del Interior y la Asociación de Magistrados y Funcionarios respondieron al reclamo legislativo y lo calificaron como una intromisión indebida en otro poder del Estado. Bermúdez rechazó esa postura, a la que definió como “corporativa”, y defendió el derecho de la Legislatura a pedir informes.
“La Nicolino”: críticas a la corporación judicial
El diputado Damián Canuto (PRO-NCN) calificó a la Asociación de Magistrados como “La Nicolino”, en referencia al boxeador Nicolino Locche, famoso por esquivar golpes.
“Me gustaría que se autodenominen ‘La Nicolino’ para que quede claro que son intocables”, expresó Canuto.
El legislador criticó la decisión del juez Luis Giorgetti, quien no aplicó la ley por considerarla inconstitucional, y cuestionó la falta de evaluación periódica de jueces por parte del Consejo de la Magistratura, prevista en el artículo 251 de la Constitución de Neuquén pero declarada inconstitucional por el Poder Judicial.
Reclamos al gobierno nacional
En la misma sesión, el diputado Alberto Bruno (Fuerza Libertaria) denunció la baja de más de 110 mil pensiones por discapacidad en agosto, lo que representa casi 32 mil millones de pesos mensuales. Señaló que los ajustes afectan a los sectores más vulnerables mientras persisten irregularidades en contrataciones públicas.
Por su parte, Andrés Blanco (FIT-U) advirtió sobre un “ataque a la libertad de prensa y de expresión” a través de medidas cautelares y denuncias judiciales que, según dijo, buscan censurar investigaciones sobre presuntas coimas en el gobierno nacional.
