La tolerancia cero impulsada por el gobierno provincial a cargo de Rolando Figueroa cayó está vez en tres mujeres y un hombre que fueron cesanteados a través de un decreto firmado por el mandatario, que pertenecían al área de Salud.
Entre las despedidas se encuentran Emilia Liliana Díaz, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería en el Hospital de Plottier; Estefania Natalí Melo, del sector de maestranza del Centro de Salud de Villa Florencia, de la ciudad de Neuquén, dependiente de la Región Sanitaria Confluencia y Olga Mariana Cortez, quien tenía un puesto de auxiliar de enfermería en el Hospital de Rincón de los Sauces. En tanto, el cuarto despedido es Santiago Sebastián Aurto, chofer de ambulancia en el Hospital Junín de los Andes.
Sobre Díaz, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería en el Hospital de Plottier, los auditores constataron ausencias continuas y discontinuas (en todos los casos injustificadas), durante el período que se extendió entre el 29 de julio y el 31 de octubre de 2023.
Según se detalla en el decreto que firmó el gobernador, la ahora ex agente hizo uso a su derecho a no declarar y le endilgaron abandono de cargo. Se detalló, además, que el 15 y el 22 de agosto 2023, presentó dos certificados que no incluían indicación de reposo; es por eso que esas ausencias también se consideraron injustificadas.
A la ex agente Melo, le endilgaron abandono de cargo por ausencias continuas e injustificadas, en su caso durante el período comprendido entre el 18 de octubre y el 1 de noviembre de 2023 inclusive. La mujer intentó justificarse, pero la respuesta fue que no existen registros de certificados que permitan justificar sus faltas.
Los auditores que llevaron adelante el sumario de Cortez dieron por acreditado que incurrió en abandono de cargo por ausencias continuas, discontinuas e injustificadas, durante el periodo que se extendió desde el 1 de enero al 1 de agosto de 2023.
El decreto menciona que Aurto, el cuarto despedido, el 13 de diciembre de 2022 el director del centro asistencial expuso a las autoridades sobre una denuncia que se había realizado ante el Ministerio Público Fiscal, del 2 de noviembre de 2022. En ella se aseguraba que el ahora ex agente perpetró agresiones y malos tratos contra sus compañeros de trabajo.
Se asegura que tanto el 12 de octubre de 2021 como el 14 de octubre de 2022, incurrió en violencia laboral (física y psicológica) y de género. Eso se encuentra acreditado, no sólo por la cantidad de testimonios, sino también por las manifestaciones de angustia y miedo a represalias. "Se acreditó que el sumariado ha ejercido violencia psicológica y física al acceder al espacio personal, al blandir los puños, cerrar portazos y pechar” a sus compañeros, cita el expediente.
El decreto refirió a la necesidad de ser estrictos a la hora de exigir el cumplimiento de las obligaciones. “Es fundamental que situaciones como la descripta no sean toleradas, ya que pueden generar un precedente negativo en el seno de la organización y desencadenar efectos perjudiciales a largo plazo”, precisa.