“No voy a renunciar”, sostuvo de manera enfática durante una conferencia de prensa el intendente de Plottier, Luis Bertolini. El jefe comunal remarcó que se mantiene “fiel al mandato del 57% de la población” que lo eligió y que continuará trabajando al frente de la gestión municipal.
“Estoy legítimamente fiel a ese mandato y voy a continuar trabajando por esta ciudad”, señaló. También aseguró que, pese al contexto judicial, el gobierno local seguirá adelante con su agenda: anunció el lanzamiento de un plan de asfalto en distintos barrios y la llegada de maquinaria para el centro de transferencia de residuos. “La gestión no se detiene”, insistió.
Bertolini explicó que, tras la denuncia presentada en su contra, se iniciará un control interno en las áreas involucradas. “Estamos controlando exhaustivamente todos los procesos administrativos vinculados a las denuncias. Se va a investigar si hubo o no irregularidades y se va a clarificar la responsabilidad de cada uno”, indicó. En ese sentido, afirmó que, de detectarse errores de funcionarios, se avanzará con sumarios y las investigaciones correspondientes.
El intendente sostuvo que no cometió delitos y que está dispuesto a colaborar con la Justicia. “Estoy a disposición de la Fiscalía para esclarecer todo lo que sea necesario”, dijo.
La investigación y los allanamientos
La declaración del jefe comunal se da luego de que el Ministerio Público Fiscal de Neuquén confirmara una serie de allanamientos en Plottier, Neuquén capital y Cipolletti en el marco de una causa por presunta defraudación contra la administración pública y otros delitos.
Los procedimientos se realizaron por orden de la jueza de garantías Carina Álvarez y estuvieron a cargo de la fiscalía de Delitos Económicos, integrada por los fiscales Juan Manuel Narváez y Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.
Según la información oficial, cinco allanamientos se llevaron a cabo en Plottier —incluyendo la sede municipal y el domicilio del intendente—, dos en Neuquén capital y uno en Cipolletti. El objetivo fue secuestrar documentación e información en soporte físico y digital vinculada a los hechos denunciados.
La causa se inició a partir de una presentación realizada a mediados de enero y apunta a dos situaciones bajo análisis: por un lado, el decreto 646/25 mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado Los Canales durante el primer semestre de 2025; por otro, el presunto manejo irregular en la contratación de una empresa privada para obras públicas que tendría vínculos con autoridades municipales.
Los delitos que se investigan son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Mientras avanza la investigación judicial, Bertolini reiteró que continuará en funciones y que espera que el proceso permita “clarificar la veracidad de las acusaciones”. “La gestión no se frena y vamos a seguir trabajando por la ciudad”, concluyó.
