El gobierno de Javier Milei utilizó la figura de “terrorismo” para denunciar a quienes participaron de los enfrentamientos violentos, el miércoles pasado, cuando se debatió (y aprobó) la reforma laboral, en el Senado.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”, aseguró Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, en un mensaje publicado en la red digital X, la habitual plataforma de las señales políticas en los últimos tiempos.
Adorni dijo que el gobierno nacional “ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin”.
Aunque es una forma que hace al estilo de Adorni, la palabra “Fin” no parece indicar su propio significado, al menos en este caso.
Es así, porque está por verse si se califica como un acto terrorista lo ocurrido. Lo que se ha constatado es, a través de imágenes que no pueden negarse, actitudes violentas, aunque no inéditas. Por ejemplo, romper baldosas (con martillos) para después arrojar esos pedazos. O arrojar bombas molotov, que en este caso fueron “fabricadas in situ”, como novedad.
Los actos terroristas están contemplados en el Código Penal argentino. Se incorporaron en el artículo 213, y allí se menciona las características que pueden tipificar este tipo de acciones: a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) Estar organizada en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.
Si los jueces y fiscales que pueden intervenir en este tipo de denuncias, hilan más o menos fino, evidentemente puede caber la tipificación de acto terrorista.
Habrá que ver si política e ideológicamente la institucionalidad argentina está preparada para un enfoque que en la historia reciente ha terminado muy mal, porque abrió puertas a la ilegalidad desde el Estado.
