Un insólito conflicto inmobiliario sacudió a Viedma: un hombre compró un departamento, tomó posesión y comenzó refacciones, pero meses después lo encontró ocupado por una mujer que aseguró haberlo adquirido con un boleto de compraventa. La Justicia Civil debió intervenir y, tras una pericia clave, determinó que la firma del contrato era falsa y ordenó el desalojo en un plazo de 45 días.
Todo comenzó a fines de 2022, cuando el titular registral adquirió formalmente la unidad y empezó a trabajar en el reacondicionamiento. Según consta en el expediente, había ingresado al inmueble con llaves propias y avanzaba con tareas internas y externas. Sin embargo, en plena obra surgió un problema serio: cañerías de gas empotradas en muy mal estado, con riesgo concreto de fuga y hasta explosión.
Por recomendación de un gasista matriculado, decidió frenar los trabajos más delicados para evitar una tragedia. Aun así, continuó con arreglos menores y utilizaba el departamento para guardar materiales. Parecía una refacción más, pero la historia estaba lejos de terminar.
Dos meses después, cuando volvió al lugar, se topó con una escena inesperada: el departamento estaba habitado. De inmediato radicó una denuncia policial e intentó, según declaró, lograr una salida voluntaria. No hubo acuerdo, entonces activó el juicio de desalojo.
La mujer que ocupaba la vivienda negó ser una intrusa. Por el contrario, sostuvo que había comprado legítimamente la propiedad tras verla publicada en redes sociales. Afirmó que se contactó con la supuesta dueña anterior, firmó un boleto de compraventa y entregó dinero en el acto. Para respaldar su versión, presentó ese contrato privado ante el tribunal.
Pero cuando la presunta vendedora fue citada en agosto de 2024 y le mostraron el documento, fue tajante: desconoció la operación y aseguró que la firma estampada no era suya. Después la prueba técnica terminó de inclinar la balanza. Un perito caligráfico analizó el documento y concluyó que la firma era falsa. Es decir, el boleto que sostenía la defensa de la ocupante no tenía validez porque la rúbrica había sido adulterada.
Además, el expediente sumó testimonios que reforzaron la versión del comprador original. Un albañil que trabajó en la remodelación declaró que ingresaba con llaves entregadas por el propietario y que el departamento permanecía cerrado y bajo su control. Relató que realizó tareas a fines de 2022 y que nunca vio a terceros ocupándolo.
El juez entendió que el único titular con derecho era quien figuraba registralmente. En consecuencia, ordenó el desalojo y fijó un plazo de 45 días para que la ocupante se retire de manera voluntaria. Si no lo hace, podrá intervenir la fuerza pública.
