En las últimas horas se informó acerca de la detención de dos mujeres, quienes habían fundado una empresa muy redituable, consistente en fabricar certificaciones (falsas, obviamente) para mejorar puntajes en el singular mundo laboral de la docencia, ámbito laberíntico con singularidades en cada provincia.
Las dos mujeres operaban desde Salta, pero la ramificación de su “trabajo” llegó hasta Bariloche. La maniobra, que comenzó a ser investigada tras una denuncia presentada en diciembre del año pasado por el ministerio de Educación, consistía básicamente en emitir diplomaturas y post títulos apócrifos, en formato PDF, que se vendían a un precio que iba desde 95 mil a 360 mil pesos.
La detención se concretó en Salta, tras el allanamiento de cuatro domicilios. El secretario de Gestión Educativa de esa provincia, Eduardo Williams Becker, apuntó que hubo 292 unidades educativas auditadas, en las que se registraron 291 inscripciones con certificados apócrifos, 286 registros adulterados, y 237 maestros involucrados.
La magnitud del desastre que esto implica supera la noticia policial, en mucho. Tener señales de una docencia, en Argentina, con pésimos resultados concretos en las aulas, y, además, que incurre con cierta frecuencia (alarmante) en estafas al Estado y a la comunidad, es un dato más político que judicial: indica negligencia y falta de respeto.
De acuerdo con lo que se informó oficialmente, 53 maestros mejoraron su orden de mérito, y 9 de ellos accedieron a horas cátedra, tras la presentación de documentación falsificada. La investigación encontró chats referidos a situaciones concretas, en los que varios docentes “reconocieron que no cursaban ni rendían evaluaciones, sino que adquirían (compraban) directamente el puntaje”. Obviamente, con conocimiento de que era un procedimiento irregular.
En Neuquén, en diciembre del año pasado, el gobierno informó que había logrado una mejora en el presentismo (es decir, reducir el ausentismo) con un mejor control de las licencias médicas, rubro en el que habían proliferado también, como en el caso de Salta y Bariloche, las estafas.
La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, señaló en esa oportunidad que se había logrado reducir en más de 460 mil días el ausentismo, la estadística correspondiente al año 2025 respecto del año anterior. En concreto, se redujo el uso (que era habitual) de licencias médicas truchas. Esto, para el Estado, implicó un ahorro para los costos del sistema educativo de más de 9.100 millones de pesos: un dato escalofriante.
