En el gobierno provincial neuquino hay malestar (indisimulable) con el intendente Luis Madueño, quien se apartó de los principios de austeridad
El aumento salarial del 80% que se otorgaron a sí mismos el intendente y los concejales de Junín de los Andes, no sólo generó el descontento de la población local, sino también el de los más altos funcionarios del gobierno provincial neuquino. Es más, trascendió que hubo llamadas en las que ese enojo fue expresado con claridad meridiana: la prioridad son las obras para la comunidad, recordaron.
El enojo tiene argumentos de sobra. El incremento que se otorgaron los funcionarios municipales en vísperas de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo va en contra de las políticas de austeridad y cuidado extremo de los recursos públicos, que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa y que los jefes comunales prometieron tomar como referencia para sus procederes.
Sabido es que Figueroa redujo la planta política, eliminó los gastos incensarios del Estado, ordenó la devolución de los celulares, canceló alquileres de camionetas, revisó los contratos de obras y tapó todo hueco que pudiera significar fuga de divisas. En definitiva, hizo lo que prometió. Por eso tanto malestar con este asunto.
Según pudo saberse al respecto, con la mejora en cuestión, el sueldo del intendente se iría a más de 6,2 millones de pesos; el del viceintendente a poco menos de 5 millones; el de los secretarios a más de 3,7 millones; el del vicepresidente del Concejo Deliberante a más de 4,3 millones de pesos y el de los concejales prácticamente a 3,6 millones de pesos.
El incremento salarial se explicó en la necesidad de “restablecer el principio de jerarquía institucional y equidad salarial entre la planta política y el personal de planta permanente del municipio”, ya que -hasta ahora- los haberes de la planta política -“aún con dedicación exclusiva, bloqueo de título y disponibilidad permanente”- resultaban “inferiores a los de agentes administrativos con menor responsabilidad”.
Eso sí, se preocuparon en aclarar que la ordenanza -aprobada el viernes por unanimidad con el voto de los siete concejales- “no representa un aumento sino una recomposición salarial”. Por eso lo llamaron Adicional General “Función Política”, un beneficio al que le confirieron carácter remunerativo y no bonificable, con alcance a toda la planta política electiva y no electiva de Junín.
Tal es la polvareda política que ese asunto levantó en el Sur, que este fin de semana circuló la versión de que pondrían dar marcha atrás con el aumento, decisión que por supuesto resultaría razonable. Aunque, al menos hasta ahora, no es más que un rumor.
La Intendencia destacó los trabajos realizados en lo que va de la gestión, pero la realidad es que muchas de las obras fueron financiadas por la Provincia que, en verdad, no esperaba lo que acaba de ocurrir en Junín.
