El Ministerio Público Fiscal pidió formular cargos contra el presidente del Concejo Deliberante de Cipolletti, tres concejales, dos en ejercicio, y una particular, acusados de defraudar al municipio en septiembre de 2024 con la compra de 14 lotes para la construcción de una escuela en San Isidro. La operación, realizada sin debate ni votación en el Concejo, costó 204 millones de pesos por un predio que valía mucho menos. La audiencia quedó suspendida tras la exclusión de la querella, pero la causa sigue abierta y promete un terremoto político.
La acusación es explosiva: los funcionarios habrían violado sus deberes al aprobar una adquisición sin tasación previa, sin informes de dominio y sin declarar la utilidad pública del terreno. El fiscal jefe fue tajante al señalar que la supuesta vendedora ni siquiera era titular registral, que subdividió un lote único y que se instaló como vocera social para legitimar la maniobra. El resultado: un precio inflado y un perjuicio económico calculado entre 68 mil y 137 mil dólares.
La escena se vuelve aún más polémica porque la mujer que vendió los lotes había encabezado cortes de ruta reclamando un terreno para la escuela, y luego terminó ofreciendo el predio a un valor desorbitado. Según la Fiscalía, “existió un lucro indebido a favor de la supuesta vendedora quien propició la situación social cortando la ruta en reclamo de un terreno para la construcción de la escuela, instalándose como vocera del grupo de padres y luego prometiendo la venta de un predio sobrevalorado en precio, un perjuicio irreparable para el municipio”.
La defensa de los acusados intentó frenar el avance de la causa y pidió excluir al querellante, un ex concejal de la localidad. El juez de Garantías les dio la razón, lo que suspendió la audiencia y dejó la formulación de cargos en pausa. La Fiscalía, sin embargo, presentó una reserva de impugnación y espera que otro magistrado revierta la decisión.
