Esta madrugada la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la norma que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue debatida en comisiones y audiencias públicas con participación de organizaciones y ciudadanos de todo el país.
En el caso de Río Negro, los diputados Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello, del espacio La Libertad Avanza junto a Sergio Capozzi de Provincias Unidas votaron a favor de la reforma, mientras que Marcelo Mango y Adriana Serquis, de Unión por la Patria lo hicieron en contra, alineados con bloques opositores que cuestionaron la reducción de la protección ambiental. La división reflejó el debate nacional sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación de recursos estratégicos.
Como miembro informante, el diputado José Peluc (LLA) destacó el carácter “histórico” de las audiencias públicas y defendió el proyecto: “Tratan de desdibujar el concepto de la ley diciendo que no vamos a tener más glaciares ni a cuidarlos, lo cual demuestra que no han leído el proyecto y que tampoco entienden lo que es el sistema del agua”.
Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) sostuvo que “la ley viene del Senado con una claridad meridiana. El objeto es una modificación que busca aclarar conceptos, no altera el paradigma de la protección de los glaciares”. Agregó que “en el texto que aprobamos el equilibrio se fortalece, aquí está el verdadero federalismo de concertación en acción”.
En defensa del dictamen de minoría, la diputada Sabrina Selva (UxP) advirtió que “esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”. Desde Provincias Unidas, María Inés Zigarán señaló que “no están protegiendo las autonomías provinciales” y que “están dejando a las provincias solas con todo el costo que significa decidir sobre si un glaciar o un ambiente periglacial se van a preservar o no”.
El diputado Néstor Pitrola (FIT) fue más categórico: “Venimos a defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.
La reforma limitó la protección a los glaciares inventariados y redefinió criterios sobre el ambiente periglacial, lo que generó fuertes cuestionamientos de sectores ambientalistas. En contraste, el oficialismo defendió que la norma “aclara conceptos” y permite compatibilizar desarrollo sustentable con preservación.
