Un proyecto de Resolución ingresó en las últimas horas a la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de que el cuerpo exprese su repudio a expresiones vinculadas al terrorismo de Estado difundidas en un programa de streaming y evalúe la conducta de la diputada nacional Lilia Lemoine. La iniciativa fue presentada por el diputado rionegrino de Fuerza Patria, Marcelo Mango, y plantea además la conformación de una Comisión Especial para analizar si existió desorden de conducta o inhabilidad moral sobreviniente en el ejercicio de sus funciones.
El texto hace referencia a lo ocurrido el sábado 20 de diciembre durante la emisión del programa FDC, transmitido por el canal Ánima Digital y conducido por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez. En ese espacio, el militante Alfredo “Rino” Gammariello realizó comentarios en tono de burla sobre la represión en manifestaciones, los llamados “vuelos de la muerte” de la última dictadura cívico-militar y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en 2017.
Según se explicó, la diputada Lemoine estaba presente durante la transmisión y no expresó objeciones ni cuestionamientos a esos dichos. Su actitud fue interpretada como un aval implícito, lo que generó reacciones de rechazo en distintos sectores sociales y políticos.
La iniciativa propone que la Cámara reafirme su compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, con el principio del “Nunca Más” y con la condena a toda forma de negacionismo, banalización o apología de crímenes de lesa humanidad. También plantea un posicionamiento institucional frente a discursos de odio y deshumanización del adversario político.
El texto menciona pronunciamientos de organismos de derechos humanos, entre ellos el colectivo Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, que calificó las expresiones como apología del terrorismo de Estado y advirtió sobre la gravedad institucional de que ese tipo de mensajes circulen en ámbitos con amplia difusión.
En los fundamentos, Mango recordó que hechos como los vuelos de la muerte fueron probados judicialmente y forman parte de causas por crímenes de lesa humanidad. Subrayó que los legisladores nacionales, al intervenir en el espacio público, lo hacen investidos de representación popular y con la obligación de resguardar el decoro y la dignidad del Congreso.
Herramienta institucional
El proyecto invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional y el artículo 188 del Reglamento de la Cámara de Diputados para solicitar la conformación de una Comisión Especial que evalúe la conducta de la diputada y, en caso de corresponder, proponga sanciones disciplinarias.
La iniciativa sostiene que no se trata de una acción simbólica, sino de una herramienta institucional para preservar la legitimidad democrática y establecer límites claros frente a la trivialización de violaciones a los derechos humanos.
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