La protesta de vecinos en un sector de la ciudad de Neuquén generó inquietud, enojo y temor entre quienes siguen de cerca el conflicto. En medio de la tensión, la Municipalidad salió a explicar cuál es el alcance real de su intervención y por qué existen límites que hoy impiden avanzar con obras de infraestructura, especialmente vinculadas al acceso al agua.
El eje del problema no está en la falta de respuesta, sino en una situación legal que condiciona cualquier acción estructural y que mantiene el conflicto en un escenario complejo.
Un reclamo en tierras que no son públicas
Según lo informado oficialmente, el reclamo se desarrolla en un terreno de carácter privado, con sectores que además se encuentran bajo la jurisdicción del municipio de Plottier. Esta condición impide, desde el punto de vista legal, la ejecución de obras públicas por parte de la Municipalidad de Neuquén.
Cualquier intervención directa sobre ese suelo podría constituir una irregularidad administrativa y agravar una situación judicial ya existente.
Un intento de solución que quedó frenado
Desde el Municipio recordaron que, al inicio de la actual gestión, se intentó evaluar una alternativa para avanzar hacia una solución de fondo. En ese marco, se dispuso el ingreso de maquinaria y personal técnico para analizar la factibilidad de una red de agua.
Esa acción fue interrumpida de manera inmediata tras una denuncia penal presentada por el propietario del terreno. A partir de ese momento, el conflicto quedó judicializado y toda posibilidad de obra quedó bloqueada por orden legal.
Un asentamiento previo y un territorio dividido
El área donde se concentra el reclamo corresponde a un asentamiento preexistente en el sector conocido como Barda Colorada, anterior al inicio de la actual gestión municipal.
La complejidad se profundiza porque el territorio está dividido entre dos jurisdicciones: una parte pertenece a Neuquén capital y otra a Plottier, lo que suma dificultades a la hora de definir responsabilidades y avanzar con soluciones definitivas.
Por qué no se puede construir una red de agua
Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la existencia de una denuncia penal impide legalmente continuar con obras de infraestructura. Avanzar sin autorización judicial o sin una resolución que habilite la intervención implicaría actuar sobre tierras privadas y asumir riesgos legales para el Estado municipal.
Por ese motivo, se aclaró que no es posible construir una red de agua potable mientras no se resuelva la situación dominial del terreno.
La asistencia que sí se mantiene activa
A pesar de las restricciones legales, el Municipio remarcó que nunca se desentendió de las familias que viven en el sector. Actualmente se garantiza el abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna, que entregan todos los días 500 litros por familia.
Esta asistencia se sostiene con recursos municipales y personal operativo, incluso para familias asentadas en tierras que corresponden a la jurisdicción de Plottier, hasta que se defina de manera formal la cuestión territorial.
Información, notificaciones y diálogo abierto
Las autoridades indicaron que los vecinos fueron notificados en distintas oportunidades sobre la situación legal del predio, los límites de intervención del Municipio y las razones por las cuales no se puede avanzar con obras.
Al mismo tiempo, se reiteró la voluntad de diálogo y el compromiso de seguir gestionando alternativas dentro de las competencias municipales, sin desconocer el marco legal vigente.
Una salida que depende de la Justicia
Desde la Municipalidad insistieron en que cualquier solución definitiva deberá construirse a partir de acuerdos institucionales y resoluciones judiciales que permitan intervenir de manera responsable.
Mientras tanto, el objetivo es sostener la asistencia básica, evitar decisiones que puedan empeorar el conflicto y avanzar hacia una salida que garantice condiciones de vida dignas, sin vulnerar la ley ni comprometer el uso de los recursos públicos.
