La CTA Autónoma de Río Negro realiza este viernes un paro general de 24 horas acompañado de movilizaciones en distintas ciudades de la provincia. La medida es parte de la jornada nacional de lucha contra la reforma laboral que el Senado debatirá y que fue considerada por los gremios como un retroceso en derechos conquistados.
Las manifestaciones se replicarán en distintas localidades de la provincia, con marchas en el Bariloche, El Bolsón, Roca y Viedma. En todas ellas se repite la consigna de que la defensa del trabajo, del salario, del ambiente y de los derechos sociales “no es sectorial, es colectiva”.
La concentración principal está prevista en la Plaza San Martín de Viedma a las 18 horas, donde trabajadores de la salud pública nucleados en ASSPUR, junto a estatales, judiciales, organizaciones sociales y sectores de la economía popular, manifestaron su rechazo a las reformas impulsadas por el gobierno nacional. Entre los puntos cuestionados se destacaron la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma de la ley penal juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad.
“El Congreso está por firmar la defunción de los derechos que protegen a los trabajadores”, expresó Rodrigo Vicente, secretario general de la CTA, quien advirtió que el proyecto oficialista amplia la jornada laboral y facilita los despidos, sin mejorar las condiciones de los trabajadores informales y precarizados.
A la movilización se sumarán los docentes afiiados a UnTER. "La docencia rionegrina no da un paso atrás y salimos a las calles para defender nuestros derechos y el futuro de la educación pública. Decimos no a la Reforma Laboral", expresaron. Tambien movilizará el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUR) y múltiples organizaciones sociales y sindicales nucleadas en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). En tanto, la UPCN Río Negro no adhirió al paro del 27 de febrero, aunque anunció medidas de fuerza propias para los días 2 y 3 de marzo, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo.
Los gremios remarcaron que las políticas económicas provocaron el cierre de cientos de empresas en los últimos años y que la precarización laboral afecta directamente a las familias y a los comercios. “Cada persiana que baja en el Alto Valle o en la Línea Sur por culpa de un tarifazo o de un ajuste es una derrota para nuestra soberanía económica”, señalaron desde la CTA y el FreSU.
