Río Negro volvió a hacer público un dato que incomoda, molesta y deja al descubierto una realidad que muchos prefieren esconder: 1.503 personas no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos. El número surge del último Boletín Oficial, donde la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas difundió el listado actualizado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y de Obstructores de Vínculo en la provincia.
El dato es tan frío como contundente. Aunque en las últimas semanas se produjeron cuatro bajas, personas que regularizaron su situación, la cifra sigue siendo alarmante. En diciembre había 1.462 inscriptos. Lejos de bajar, el registro crece y expone una deuda que no es económica: es moral y social.
El Redam incluye a quienes adeudan total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas. En criollo: padres, y madres, que no cumplen con una obligación básica. Cuando el registro no alcanza para torcer la conducta, son los adultos responsables quienes terminan recurriendo a la Justicia para exigir lo que debería cumplirse sin necesidad de un expediente.
Estar en esa lista no es simbólico, tiene consecuencias concretas. La Ley Provincial Nº 3.475 impide a los deudores contratar con el Estado, acceder a cargos públicos y obtener habilitaciones, licencias, permisos o concesiones mientras no regularicen su situación. En varios municipios, además, se sumaron ordenanzas que endurecen aún más el cerco. En Viedma, por ejemplo, un deudor fue directamente excluido de competencias deportivas institucionales. El mensaje es claro: el que no cumple, paga el costo social.
La información que alimenta el registro surge de los Juzgados de Familia de toda la provincia. Luego pasa por el Registro Civil y finalmente se publica en el Boletín Oficial. No hay margen para la excusa ni para el desconocimiento: los datos están, los nombres también.
Pero el incumplimiento no termina en lo económico. Desde 2021, Río Negro también aplica la Ley Nº 4.456, que creó el Registro Provincial de Obstructores de Vínculo con los Hijos. Apunta a quienes, pese a una orden judicial, impiden el contacto de los niños con el progenitor no conviviente o con la familia extendida, como abuelos. La sanción es dura: publicación del nombre y restricciones similares a las de los deudores alimentarios.
Los casos registrados son pocos, una veintena desde 2024, pero el contraste es brutal frente a la cantidad de morosos por alimentos. El derecho de los niños a mantener vínculos sigue siendo, en muchos casos, rehén de disputas adultas que no miden consecuencias.
