Un pedido que desata indignación
El debate por el Presupuesto 2026 en Senillosa quedó envuelto en una fuerte polémica tras conocerse el anteproyecto impulsado por los concejales. La propuesta plantea que el Concejo Deliberante se quede con el 10% del presupuesto total del Ejecutivo municipal, una cifra inédita para ciudades neuquinas de similar tamaño.
El impacto no es menor: de aprobarse, los ediles pasarían a percibir ingresos mensuales que superarían los 7 millones de pesos, muy por encima del promedio regional y en una ciudad que recibe asistencia de la Provincia para cumplir con el pago de sueldos.
El intendente Lucas Paez adelantó que vetará la ordenanza, y aseguró que está alineado con las políticas de austeridad que impuso el gobierno de Rolando Figueroa desde que inició la gestión.
Los números que explican el conflicto
El Presupuesto 2026 elevado por el Ejecutivo fija gastos por $25.142 millones, destinados a obras de red eléctrica, iluminación, agua, servicios básicos y la continuidad del plan de asfalto y cordones cuneta.
La respuesta del Concejo fue condicionar su aval a quedarse con $2.514,2 millones, mayormente destinados a salarios y gastos internos del cuerpo legislativo.
Actualmente, el Concejo Deliberante funciona con 22 personas durante el período de sesiones que va de febrero a diciembre.
Sueldos que se disparan
Los siete concejales representan hoy un costo laboral anual cercano a $150 millones. El proyecto que impulsan eleva esa cifra a $650 millones, un aumento del 333%. Traducido a ingresos individuales, cada edil pasaría a cobrar más de $7,1 millones mensuales, sin contar aportes y contribuciones.
A esto se suman seis secretarios políticos “de confianza”, cuyos contratos pasarían de $80 millones anuales a $292,5 millones, con un incremento del 265%.
Gastos internos que no cierran
El detalle del anteproyecto suma más tensión. El Concejo se autoasigna $145,4 millones para gastos de funcionamiento —artículos de limpieza, reparación y oficina— cuando en 2025 se destinaron apenas $4 millones. El salto equivale a un aumento del 3.535%.
También se prevén $100 millones en combustibles y lubricantes para una planta de 22 personas, casi la mitad de lo que demanda el funcionamiento anual de las máquinas viales del municipio. A eso se agregan $45 millones en “otros bienes de consumo” sin especificación.
Servicios no personales y bienes de uso
El proyecto incluye $715,8 millones para “servicios no personales”, frente a los $24 millones ejecutados en 2025 para internet, mantenimiento edilicio, alquiler de impresoras, luz y gas.
En “bienes de uso”, el salto es de $15 millones a $282 millones, un incremento del 1.780%, sin detallar el destino de esos fondos.
Además, aparece una nueva partida de $6 millones en transferencias, también sin precisión, que obligaría a reducir aportes a instituciones educativas, deportivas y culturales.
Qué se recorta para sostener el aumento
El pedido legislativo implica recortes concretos en áreas sensibles. Se eliminan $72,6 millones de la partida de energía eléctrica, lo que comprometería el alumbrado público y dejaría sin iluminación a una parte de la ciudad.
También se quitan $165,9 millones destinados al alquiler de maquinaria pesada para el mantenimiento de calles, $100 millones para la reparación de la flota municipal y fondos para espacios verdes y arbolado.
Los talleres culturales y escuelas deportivas —a los que asisten más de mil niños— quedarían directamente afectados.
Un costo alto para una baja producción
El conflicto se da en un contexto donde el Concejo no registra ordenanzas de iniciativa propia fuera de adhesiones formales. A esto se suma un incumplimiento clave: el anteproyecto del Legislativo debía presentarse antes de mediados de octubre, según la Carta Orgánica, algo que no ocurrió.
Con el presupuesto del Ejecutivo ya presentado, la exigencia económica llegó después y con un peso difícil de justificar para una ciudad que depende del acompañamiento provincial para sostener su funcionamiento.
Una discusión que excede lo local
Mientras la Provincia refuerza la asistencia a municipios para garantizar salarios y servicios, el caso de Senillosa expone una tensión que va más allá de una interna legislativa. El debate no es solo presupuestario: pone en juego prioridades, equidad y el uso de fondos públicos en una comunidad que necesita que cada peso llegue a donde más falta hace.
