La política de “tolerancia cero” impulsada por el gobierno provincial sigue sumando casos. Este viernes el Ejecutivo de Neuquén oficializó la cesantía de dos empleados públicos: un portero de una institución educativa con condena penal por abuso sexual y un efectivo policial sancionado reiteradamente por indisciplina.
Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y se enmarcan en la estrategia de depuración del Estado que viene aplicando la actual gestión provincial.
Uno de los decretos ratifica la decisión adoptada previamente por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén (CPE), que resolvió la cesantía de Hugo Miguel Inostroza, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios en el Instituto de Formación Docente N.º 6, en el nivel primario.
El agente fue condenado a ocho años de prisión en una causa iniciada en 2019 por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Según consta en el expediente, el hecho ocurrió fuera del ámbito escolar, pero la sentencia firme implicó la pérdida de su estabilidad laboral dentro de la administración pública.
En la documentación oficial se indica que la condena genera una incompatibilidad con el ejercicio de funciones en el Estado, ya que no cumple con los requisitos morales y de conducta exigidos para el cargo. Por ese motivo, se dispuso el cese automático en todos los puestos que pudiera ocupar dentro de la estructura pública.
Un policía fuera de la fuerza por reiteradas faltas
La segunda destitución alcanza al cabo de la Policía provincial Gustavo Gabriel Querci. El ahora exuniformado fue separado de la fuerza tras acumular sanciones disciplinarias que derivaron en 90 días de arresto policial entre el 28 de noviembre de 2024 y el 6 de abril de 2025.
De acuerdo con el reglamento del régimen disciplinario policial, la acumulación de más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión en el plazo de un año constituye una causal directa de cesantía.
Ante esta situación, la Jefatura de Policía solicitó al Ejecutivo provincial su destitución, pedido que finalmente fue avalado mediante decreto.
La política de depuración del Estado
Las dos resoluciones se suman a una serie de medidas adoptadas en los últimos meses por la administración provincial para separar de sus cargos a empleados involucrados en delitos o graves faltas administrativas.
Desde el gobierno de Neuquén Province aseguran que la política apunta a reforzar estándares de conducta dentro del Estado y garantizar que quienes integran la administración pública cumplan con los requisitos legales y éticos para ejercer funciones.
