Logroño es una pequeña localidad del noroeste de Santa Fe, en el departamento 9 de Julio, con apenas mil habitantes. Allí, la paralización de un proyecto industrial clave dejó al pueblo sin su principal expectativa de trabajo y reactivación económica.
La instalación de una planta de desmotado de algodón, impulsada por la empresa Algoservicio S.A., fue clausurada por orden judicial tras detectarse graves incumplimientos ambientales. La decisión, aunque ajustada a la ley, derivó en un escenario crítico para la comunidad.
El proyecto algodonero y la intervención ambiental
El conflicto se inició cuando el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe actuó contra la empresa por realizar desmontes sin autorización. Según fuentes oficiales, hacia fines de 2024 la firma adquirió terrenos y comenzó tareas de desmonte sin contar con la habilitación correspondiente.
Durante ese proceso se talaron unas 50 hectáreas de bosque nativo, en infracción a la Ley de Bosques. Las áreas intervenidas estaban clasificadas como Categoría I, es decir, zonas de muy alto valor de conservación donde está prohibida cualquier transformación.
De la advertencia a la clausura judicial
Pese a una primera advertencia oficial, la empresa continuó con las tareas y avanzó en la instalación de la planta. El caso llegó a la Justicia y, en marzo de 2025, el emprendimiento quedó formalmente clausurado.
La medida fue dispuesta por el Juzgado de Distrito Civil, Comercial y Laboral de Tostado, que ordenó el cese total de actividades, el retiro de maquinaria y la prohibición de intervenir el bosque nativo del distrito de Logroño.
Impacto social: empleo frustrado y riesgo de despoblación
El proyecto prometía generar alrededor de 50 puestos de trabajo directos, una cifra significativa para una comunidad de mil habitantes. Con la obra detenida, el pueblo quedó sin inversiones productivas ni alternativas laborales.
“La realidad expulsa a nuestros jóvenes. Hay familias que están considerando una comida al día”, advirtió Mariana Cardozo, presidenta comunal de Logroño. En diálogo con el medio Infobae, describió la situación como “muy difícil” y señaló que la paralización afectó tanto al ambiente como al tejido social.
El reclamo al gobernador Pullaro
Frente a este escenario, vecinos y autoridades impulsaron un petitorio dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro para solicitar la apertura de una mesa de diálogo. El documento ya fue firmado por más de 300 personas, casi un tercio de la población local.
El reclamo cuenta además con el respaldo de clubes, escuelas, cooperadoras, comercios, organizaciones sociales y once jefes comunales del departamento 9 de Julio.
Qué piden los vecinos
Los firmantes aclararon que no buscan desconocer la Ley de Bosques ni cuestionar el fallo judicial, sino encontrar alternativas productivas que permitan salir de la crisis. También reclaman mayor participación ciudadana en decisiones ambientales de alto impacto.
En ese sentido, citan el Decreto 15/2025, firmado por el propio Pullaro, que promueve las inversiones y el desarrollo productivo en la provincia.
La posición oficial y de la empresa
En septiembre del año pasado, el ministro de Ambiente Enrique Estévez fue categórico: “No se puede instalar una industria sin los permisos que exige la Provincia ni actuar sin responsabilidad ambiental”.
Desde Algoservicio S.A. admitieron la infracción a la Ley de Bosques y expresaron su respaldo al reclamo del pueblo para buscar una alternativa que permita superar la situación.
Un conflicto abierto
Además de la obra frenada, Logroño arrastra carencias estructurales: no cuenta con gas natural, cloacas ni industrias que garanticen empleo estable. “No es solo una planta clausurada. Es un pueblo entero sin opciones productivas”, advierten los vecinos.
