La muerte de Ángel López, el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, volvió a poner en el centro de la escena no solo la brutalidad de un caso que estremece, sino también las decisiones que lo rodearon. Con los primeros resultados de la autopsia y la detención de su madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, la investigación comenzó a trazar un camino más claro, aunque no menos doloroso. En ese contexto, la voz del padre biológico, Luis López, irrumpió con fuerza, cargada de acusaciones y de una angustia que interpela.
Los datos preliminares son contundentes: el niño presentaba “traumatismos en la zona craneal” y lesiones previas compatibles con golpes sufridos días antes de su muerte. No se trata, entonces, de un episodio aislado ni de una descompensación espontánea, como se intentó sostener en un primer momento, sino de un cuadro de violencia prolongada. La escena que describen los médicos y que ahora investiga la Justicia desarma cualquier versión inicial y obliga a mirar con detenimiento lo que ocurrió en ese entorno.
El relato del padre es, en ese sentido, demoledor. “Me lo sacaron de mi casa, de nuestra familia, que vivía bien, feliz, contento. Se lo llevaron para matarlo. Porque no lo cuidaron, lo mataron, lo torturaron”, afirmó. Y agregó: “Fueron cuatro hermosos y felices años”, en referencia al tiempo que compartió con su hijo antes de que una decisión judicial modificara ese escenario. Sus palabras no solo apuntan a los acusados directos, sino que abren un interrogante más amplio sobre el rol de quienes intervinieron en el proceso de revinculación.
Según su testimonio, el traslado del niño al hogar materno fue el desenlace de una disputa legal que, lejos de garantizar su bienestar, lo expuso a un contexto que definió como “un horror”. “Lo dejó, se fue, como hizo con los otros hijo de Misiones. Y después lo quería tener”, sostuvo sobre la madre. Pero su cuestionamiento más duro estuvo dirigido a los actores del sistema: “Hizo una falsa nota para que me saquen al nene y se lo entreguen a la asesina y al asesino”, denunció en relación a la intervención profesional que derivó en el cambio de tenencia.
En paralelo, el padre aseguró que no fue escuchado ni convocado en instancias clave. “No me dejaron participar, no me llamaron. Dudo hasta que hayan llevado a mi hijo a esa supuesta audiencia”, afirmó. También relató señales de alarma que, según su versión, fueron ignoradas: “Lo mandaba sucio al jardín, con hambre. Yo lo vi, tengo fotos, videos. Nadie me hizo caso”. La sensación de desamparo institucional se repite en cada tramo de su relato y se refuerza con una denuncia ampliada en la que habla de “corresponsabilidad estatal”.
En este punto, la discusión excede lo penal y se instala en un terreno más profundo, donde las decisiones judiciales deben ser analizadas con extremo cuidado. Las corrientes de pensamiento, en cualquier ámbito, pueden aportar herramientas valiosas, pero nunca deben imponerse por sobre la evidencia ni sobre el principio rector que debería guiar toda decisión judicial en estos casos: el interés superior del niño. Los derechos de los niños no admiten relativizaciones ni interpretaciones parciales; son absolutos en su protección y exigen un compromiso inquebrantable. Ninguna doctrina de época, ninguna mirada ideológica, puede nublar la evaluación concreta de cada situación cuando hay vidas en juego.
Mientras tanto, la causa avanza y la situación de los detenidos será definida en los próximos días, cuando se formalicen las imputaciones. Sin embargo, el reclamo de justicia ya tomó otra dimensión. “Todos tienen que ir presos. Nada de fianza, nada de beneficios”, exigió Luis López, visiblemente afectado. Y cerró con una advertencia que refleja el nivel de tensión social que genera el caso: “Si esta gente no va presa, la gente va a hacer justicia por mano propia”. Más allá de la contundencia de sus palabras, el desafío es que la respuesta llegue desde las instituciones, a tiempo y con la firmeza que un hecho de esta magnitud demanda.
