El fútbol argentino amaneció empapelado. Literalmente. En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires aparecieron carteles con un mensaje tan directo como incendiario: “Martín Guastadisegno, ladrón y vaciador de clubes”. El destinatario fue el representante señalado como responsable de la polémica salida de Luca Scarlato, una de las joyas de las inferiores de River, rumbo al Parma de Italia.
El escrache sacó a la calle un conflicto que ya ardía puertas adentro. La partida del juvenil, categoría 2009, se dio a través de la figura legal de la patria potestad, un mecanismo que habilita a los padres de un menor a cambiar su residencia y actividad deportiva. En la práctica, la herramienta permitió que Scarlato emigrara con el pase en su poder, sin dejar una compensación inmediata al club que lo formó durante años.
Scarlato era uno de los nombres más prometedores de la Séptima división del Millonario y un habitual convocado a selecciones juveniles. A fines de 2025, cuando River intentó asegurar su continuidad con la firma del primer contrato profesional, el futbolista decidió no rubricarlo. La decisión contó con el aval de su entorno familiar y de su agente, quien gestionó el desembarco en el fútbol europeo en enero de 2026.
En Núñez, la reacción fue de profundo malestar. Desde el club entendieron que se había vulnerado el espíritu del trabajo formativo y apuntaron contra un modus operandi reiterado: captar talentos jóvenes, aprovechar vacíos reglamentarios y ejecutar salidas sin diálogo ni resarcimiento. Con ese argumento, River presentó una denuncia ante la FIFA y dejó abierta la puerta a posibles acciones legales contra el Parma.
El caso rápidamente trascendió el plano institucional y se convirtió en tema de debate en todo el ambiente. Los carteles contra Guastadisegno reflejaron el repudio de un sector del fútbol argentino, aunque también expusieron la tensión entre el derecho legal de las familias y el reclamo histórico de los clubes formadores.
La Asociación del Fútbol Argentino tomó cartas en el asunto con una medida de fuerte impacto: resolvió que los juveniles que abandonen el país amparados en la patria potestad y sin dejar resarcimiento a su club no serán convocados a selecciones juveniles. La decisión buscó desalentar este tipo de maniobras, aunque abrió otra discusión sobre los derechos y libertades de los futbolistas menores de edad.
El conflicto tuvo un cierre lejos de los flashes. Para evitar un litigio prolongado ante la FIFA, el Parma acordó con River Plate el reconocimiento de un porcentaje de una futura venta del jugador. El pase ya estaba consumado, pero el entendimiento funcionó como un gesto hacia el trabajo formativo del club argentino.
El caso Scarlato dejó al descubierto una grieta incómoda: reglas desactualizadas, intereses económicos tempranos y juveniles atrapados en el medio. Entre la ley, el negocio y la formación, el fútbol argentino volvió a mirarse al espejo… y no le gustó demasiado lo que vio.
