Seguramente muchas veces en la historia, instituciones o personas calificadas de “rebeldes”, han ayudado con su convicción y actitud a construir los pilares de la vida en democracia. Nos referimos a esa “rebeldía” de la que han nacido derechos que hoy peleamos por mantener. Esa “rebeldía” estaba fundada en la voz general de una sociedad que clamaba por algo distinto, por no conformarse con lo opaco, lo mediocre, lo injusto. Por eso la historia ha reconocido con mérito a esos “rebeldes” de una época que se levantaron contra un estado de cosas, y generaron cambios positivos para todos.
Voy a hablar hoy de una “rebeldía” que poco parece tener que ver con esa actitud elevada, humanista, audaz, comprometida, de tiempos pasados. La “rebeldía” de la que les voy a hablar está tomando cuerpo y fortaleza en el Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, en su Fuero Penal, en el grupo de jueces penales de Garantías. Pero es necesario conocer un poco el contexto en el que vamos a hablar. El contexto es el de la inseguridad, las calles entregadas a los delincuentes, la falta de tranquilidad en los barrios, en la calle, en las plazas, en nuestras casas.
Cientos de veces he hablado de esto, de la inseguridad, de la delincuencia sin límite. Desde el año pasado vivimos en Neuquén un cambio de rumbo en esta materia, que se inició con la decisión de tomar en la Provincia de Neuquén la investigación y juzgamiento de algunos de los delitos vinculados al tráfico de drogas. Es lo que hemos escuchado como narcomenudeo o microtráfico. Para que entendamos, estamos hablando del último eslabón de la cadena del delito de drogas, esa persona, o esa organización, que vende en la esquina de su casa, al lado de la escuela de su nieto o de su hijo, en un auto parado en la plaza donde juegan los chicos del barrio.
La Provincia de Neuquén asumió desde principio de este año 2025 el desafío de perseguir esos delitos, que antes estaban en manos de la Justicia Federal. Podrán hacer las evaluaciones que quieran, desde la óptica que quieran. Pero, lo objetivo y visible, es que algo está cambiando, se nota interés de la Policía provincial por poner de manifiesto situaciones irregulares que antes nadie perseguía o nada se conocía.
Algunos podrán opinar que 100 personas enjuiciadas, o 100 kilos de droga secuestrada en 6 meses, puede ser poco. Lo que está claro es que hablamos de 100 personas que antes parece que no estaban en el radar de la Justicia, o 100 kilos que antes no había individualizado nadie. Son, al menos, 100 personas menos y 100 kilos menos. He escuchado que algunos critican que en la provincia de Neuquén habría sido el Gobierno Provincial el que habría aportado enormes sumas de dinero para permitir esta política de persecución, cuando le correspondería el financiamiento al Gobierno Nacional. Me parece absurdo que alguien sostenga algo así, cuando la inseguridad, el delito, la consecuencia social, es nuestra, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra provincia.
En este año 2025 se ha percibido algún cambio de conducta en varios ámbitos, la policía provincial mucho más activa y visible en la temática de lucha contra las drogas, la Fiscalía activa en las investigaciones y acusaciones, los medios de comunicación muy interesados en difundir los resultados de los procedimientos, los hallazgos, las audiencias judiciales, las detenciones, y, finalmente, la Legislatura provincial muy dispuesta a evaluar y dar sanción a leyes provinciales que refuercen el trabajo que parece conjunto y armónico desde varios frentes.
Ha sido en ese contexto, dentro de ese diseño de una auténtica política general de lucha contra el delito de drogas, que este año se sancionaron al menos dos leyes importantes, claramente orientadas a generar impacto y efectividad en la lucha contra la delincuencia que se nutre del comercio ilegal de drogas y toda la enorme gama de delitos conexos. Esas leyes las hemos conocido como “Ley de reiterancia” que permite pedir prisión preventiva contra las personas que tengan varias investigaciones penales abiertas, y “paquete de leyes para la investigación del narcomenudeo”, que permite detener, allanar domicilios sospechados, generar investigaciones especiales con agentes encubiertos, acudir a operaciones que permitan desbaratar bandas o modos de cometer los delitos.
Nosotros, como comunidad neuquina, estamos percibiendo que se está haciendo algo positivo para reconstruir la seguridad que no tenemos. Creo que si hacemos una encuesta, por abrumadora mayoría vamos a estar de acuerdo en que lo que más necesitamos como sociedad y como familia, es poder estar tranquilos porque nos sentimos seguros, porque hay seguridad en las calles y en nuestras casas, porque podemos salir a caminar sin temores, porque nuestros jóvenes pueden caminar, divertirse, disfrutar sin miedos y sin riesgo a su vida, su integridad, su salud, su libertad sexual.
No hay democracia valiosa sin seguridad. No alcanza la economía, el trabajo, la educación o la salud sin seguridad. Sin dudas, la seguridad es la columna vertebral de sana y firme de cualquier construcción social que podamos imaginar o desear. Por eso, en esa convicción, hoy todos estamos expectantes de que tal vez -ahora si- estemos en un buen camino para atacar en serio y con chance de éxito al delito, a uno de los más lesivos a la juventud y a las familias, como los vinculados a la comercialización de drogas.
El Ejecutivo ha estado presente en el tema, la Legislatura también, seguramente ambos ámbitos con aciertos y con errores, pero con voluntad de hacer. ¿Y qué ha ocurrido con el Poder Judicial provincial? Acá retomamos la “rebeldía” de la que hablamos. Hace unos días se han comenzado a conocer decisiones de jueces que, en casos individuales de hechos investigados, personas detenidas, han comenzado a tomar decisiones contra la política de persecución y condena.
Pues sí: primero conocimos casos de jueces que se han resistido a tener por formulados cargos buscando mil excusas para demorar y no permitir tomar medidas rigurosas contra delincuentes bien conocidos. Luego empezaron a conocerse decisiones de Jueces Penales de Garantías de la provincia que han demostrado no estar de acuerdo con la Ley de reiterancia, es decir, no los ha convencido la decisión de la Legislatura de imponer detención al que entra y sale recurrentemente de las comisarias, esos de la “puerta giratoria”.
Supimos de un caso en el Interior de un Juez, Maximiliano Bagnat, que literalmente no aplicó la ley, se negó. Sobre ese caso escuchamos a diputados provinciales pronunciarse públicamente con sorpresa, molestia y preocupación, y hasta al Gobernador de la Provincia mencionar la situación de extraña postura en ocasión de declarar inaugurado el Consejo Provincial de Seguridad. Pero luego, el grupo de Jueces Penales (que según dicen hablan mucho de estos temas en privado y entre ellos) escaló, y le tocó a otro Juez de Garantías, Luis Giorgetti, directamente declarar que la reiterancia violaría la Constitución provincial, nacional, pactos internacionales y vaya a saber cuánta norma más.
Estas decisiones han generado crecientes reproches desde el ámbito legislativo, entre otros. Diputados de distintos bloques partidarios han pedido explicaciones y han manifestado que esas actitudes desconocen la necesidad de luchar en conjunto contra el delito, que es lo que la comunidad pide, exige y espera. Y acá, más allá de las opiniones abstractas, teóricas y universitarias de los jueces penales, les queremos decir que como comunidad, como víctimas de la inseguridad, como ciudadanos que aspiramos a vivir en un ambiente seguro que nos brinde una democracia completa y de calidad, nos sentimos representados por las leyes sancionadas en la Legislatura, que más allá de la técnica o el acierto, reflejan lo que la gente necesita.
Y, si los señores jueces penales que han designados para trabajar en esta provincia no saben leer y apoyar lo que la gente pide, exige y necesita, la verdad que estamos en un problema institucional grave, de tensiones totalmente inconvenientes en estos momentos de lucha abierta contra la delincuencia. Si las herramientas técnicas formales no son las contenidas en la ley, deberán los jueces ajustarlas a las que correspondan para alcanzar el mismo objetivo de perseguir y condenar a los delincuentes, a encarcelarlos, a poder realizar los procedimientos cuando se debe, no cuando a los delincuentes les quede cómodo.
En esta ocasión, señores jueces, los diputados provinciales han actuado con una representación ciudadana absolutamente mayoritaria que deberían respetar. No se trata de una pulseada de personas que se creen poderosas y se olvidan de sus orígenes. La sociedad neuquina los necesita y les exige a todos, el máximo compromiso y dedicación para apoyar para una mejor vida en comunidad, con seguridad, sin delincuencia ni delincuentes. Repudiamos con energía las reacciones corporativas y escondidas que nos han comentado que han ocurrido al interior del Poder Judicial de Neuquén, que solo parecen activar blindajes de protección, pero nada aportan al objetivo de luchar contra la inseguridad.
Ante el pedido de explicaciones que algunos diputados provinciales enviaron desde la Legislatura al Dr. Maximiliano Bagnat consultando las razones por las que no aplicó o no estaría de acuerdo con la figura de la reiterancia delictiva, me comentan que se reunió el Colegio de Jueces, que agrupa a todos los jueces penales que trabajan en el Interior de la provincia, y con firma de los jueces penales Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo, que firmaron como Presidente y como Vicepresidente de esa agrupación de Jueces, emitieron una nota, alarmados por el pedido de explicaciones desde Legislatura, diciendo que afecta su independencia.
Pero, para sumar más corporativismo -siempre medio escondido en pasillos judiciales- luego esa nota fue avalada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia provincial, con firmas de las Dras. Patricia Lupica Cristo y Sheila Lischinsky como Presidenta y Vicepresidenta, y exigieron al Tribunal Superior de Justicia que intervenga en defensa y adopte las medidas para hacer cesar los ataques que -en su opinión- estarían recibiendo los jueces penales, cerrando que, si no lo hacen, podrían como organización acudir a una instancia de defensa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Creo que todos estos jueces mencionados, y todos los demás jueces penales que ellos representan en el Fuero Penal de la provincia del Neuquén, deberían entender que no se trata de la opinión de algunos diputados que desean generar inquietud; y que tampoco se trata de algunos comentarios aislados en medios de comunicación. Es el clamor de una sociedad neuquina que está cansada de la inacción, y que está cansada de ver que los funcionarios y los organismos se pierden en peleas de egos y academia, solo pensando en los artículos de libros o las clases en universidades que van a poder dar a partir de los fallos “progresistas” que dictan, en contra de la visión, necesidad y expectativa de los ciudadanos que con sus representantes en Legislatura los han votado para el cargo, y que aportan los impuestos para el pago de sus millonarios sueldos, y para pagar los mullidos sillones desde los que adoptan y mantienen posiciones contrarias a la lucha contra la inseguridad que la provincia ha emprendido como política general seria.
Párrafo final para el Dr. Luis Giorgetti, que no solo ha declarado que sería inconstitucional la figura de la reiterancia delictiva, lo que lo hace amigo de la “puerta giratoria”, que tal vez a él le parezca un funcionamiento normal del sistema de juzgamiento penal provincial. Con respeto, Dr. Giorgetti, solo Ud. mira desde elevados conceptos técnicos la cuestión así. Nosotros, los ciudadanos de Neuquén, queremos a los delincuentes conocidos y recurrentes presos, con o sin emergencia carcelaria, con o sin extensos derechos que tales delincuentes no suelen dar a sus víctimas.
Ahora hemos sabido que también el mismo Dr. Luis Giorgetti ha declarado inconstitucional o ha decidido no aplicar la nueva clausula legal que permite a la Fiscalía Penal hacer procedimientos de allanamiento en horario nocturno. Nos cuentan que el Dr. Giorgetti ha denegado un allanamiento de madrugada diciendo que eso iría contra reglas constitucionales, y de otras varias fuentes que siempre encuentran para darle una cosmética de pseudo legalidad a las decisiones que toman y que tanto nos cuesta comprender.
No se preocupe, Dr. Giorgetti. Seguramente ya se buscará la forma garantista y respetuosa de derechos de delincuentes, para realizarles allanamientos en horarios que no los perturben, en horarios en los que haya luz solar y puedan estar bien atentos y esperando para huir y para frustrar las medidas. No permitir allanar cuando hay chances ciertas de encontrar elementos del delito, es tanto como avisar a los delincuentes de que se está yendo y hacer largo el trayecto como para permitir que escapen. Eso que llaman garantizar impunidad.
Me resulta medio soberbio en algunos que crean que tienen la potestad de impedir que las cosas fluyan hacia un destino compartido por la enorme mayoría de la comunidad. Somos los ciudadanos los que elegimos a los Convencionales que sancionaron la reforma de la Constitución Provincial en 2006. Somos estos mismos ciudadanos los que elegimos a los Diputados que sancionaron la ley de reiterancia para la prisión preventiva, y el paquete de normas de investigación del microtráfico. Y somos los mismos ciudadanos que apoyamos las medidas legislativas y las acciones de investigación, pero no estamos de acuerdo con las decisiones judiciales que obstruyen, impiden e imponen retrocesos.
Seremos también los mismos ciudadanos que tenemos voz para hacer saber a nuestros representantes que no coincidimos con esos perfiles de Jueces, alejados y desinteresados de las necesidades de la gente. No nos es indiferente apoyar o boicotear la lucha contra la inseguridad, contra la droga, contra el delito. No se trata de polarizar entre represión y libertad. Se trata de escuchar a la comunidad democrática que en forma mayoritaria ha elegido un proyecto que exige seguridad, que aplica leyes emanadas de representantes legítimos, que reflejan las necesidades actuales de la sociedad neuquina.
No se trata de garantismo en los Jueces contra punitivismo en los Legisladores y el Poder Ejecutivo. No sean reduccionistas ni oscuros. La voz popular se ha expresado y sostiene con firmeza la lucha contra la delincuencia, que necesita el apoyo del Poder Judicial, de todos, de Uds. los jueces de Garantías, pero garantías para las personas de bien, ciudadanos sanos. Es imperativo ahora y aquí reflexionar sobre la posición y el rol que todos esperamos de Uds. en esta lucha. Tal vez sea momento de sincerar si desean sumarse o no.
