Avance empresarial de China amenaza derechos humanos en el norte de Brasil

A cargo de China Communications Construction Company(CCCC) y financiada en su mayoría por el ICBC(Industrial and Commerce Bank of China) el proyecto prevé la construcción de un enorme puerto para el transporte de granos, minerales, derivados de petróleo y fertilizantes por un costo de US$ 2000 millones. Sin embargo, los diversos derechos vulnerados comienzan a visualizarse cuando se puede observar que de las 338 hectáreas proyectadas, 200 corresponden a la Vila Cajueiro ou Sítio Bom Jesus do Cajual, en el estado norte de Maranhao y otras 138 a espejos de agua.

La zona está poblada de manglares, ecosistema sujeto al régimen de áreas protegidas por la legislación brasileña, debido a la riqueza de biodiversidad de aves locales, migratorias y especies marinas. Las primeras acciones tendientes a ampliar este puerto provocaron el desplazamiento forzoso de 350 personas, pero esto se podría extender a más de 2000 las que podrían ser desplazadas o afectadas.

Desde el 2017, del Grupo de Estudio sobre Desarrollo, Modernidad y Medio Ambiente (GEDMMA), junto a organizaciones comunitarias, sindicalistas, de moradores, campesinas, de derechos humanos, ambientalistas e inclusive la Defensoría del Pueblo del estado de Maranhão, y el Consejo Nacional de Derechos Humanos han venido luchando contra la implementación de este proyecto que bajo la aparente figura de desarrollo vulneró una importante cantidad de derechos.

Al respecto, en diálogo exclusivo con mejorinformado.com, el Profesor Horácio Antunes, coordinador de GEDMMA explicó: "El proyecto para la construcción de Porto São Luís llamó la atención de la comunidad de Cajueiro en 2014. En ese año, se anunció públicamente que se construiría un gran puerto en la playa de Parnauaçu, que está en la comunidad. Ese año, una empresa que se presentó como WPR São Luís Gestão de Portos e Terminais S.A. comenzó a encuestar a los vecinos y a proponer “negociaciones” asimétricas para la compra de casas y terrenos, que siempre iban acompañadas de amenazas de que si los vecinos no negociaban sus terrenos por los valores monetarios que ofrecía la empresa, podían ser desalojados sin derecho alguno y sin recibir ningún tipo de compensación. También en 2014 se derribaron las primeras casas, se produjo deforestación y compras irregulares de terrenos. Familias campesinas, extractivistas, pescadores artesanales y rompedores de coco babasú en Cajueiro comenzaron a sufrir amenazas diarias, incluso por parte de guardias de seguridad armados”.

Principales Derechos Vulnerados por el megaproyecto

Derecho a la tierra y al territorio

Existen denuncias de expropiaciones forzosas de habitantes que realizaban actividades agrícolas de subsistencia. En el proyecto también participan las empresas brasileñas Lyon Engenharia y WPR – San Luis Administración de Puertos y Terminales S.A. (actualmente, TUP Puerto San Luis S.A.), filial de la constructora WTorre, se denunció además la existencia de títulos de propiedad fraudulentos, ya que el área había sido otorgada por el propio gobierno hace 21 años. Sobre este tema, el profesor Antunez enfatizó que “ WPR presentó título de propiedad del terreno que se encuentra en impugnación judicial, ya que presenta indicios de que hubo una adquisición irregular de terrenos públicos. Hace 21 años, este territorio fue cedido por el gobierno para la constitución de un asentamiento rural, que, sin embargo, todavía está en fase de regularización debido a la lentitud y negligencia del Instituto de Colonización y Tierras del Estado de Maranhão (ITERMA) en el reglamento del Asentamiento Rural de Cajueiro”.

Derecho a la movilidad

Las organizaciones que han llevado adelante estas demandas han denunciado que la empresa había convertido a la zona en prácticamente un área privada, la empresa instaló torres de vigilancia, portones y modificó los caminos y calles públicas, tradicionalmente utilizadas por la comunidad. También en 2014, WPR contrató a una empresa de seguridad privada armada, llamada Leões Dourados, que operaba sin autorización oficial y amenazaba a los vecinos, hasta que, tras manifestaciones y movilizaciones de los vecinos, se le impidió oficialmente actuar en 2015. Las mujeres denuncian que tienen miedo de transitar por el territorio debido a la constante presencia de seguridad privada armada, además del flujo de trabajadores desconocidos dentro del territorio. Ya no pueden caminar solos, recolectar cocos, babasú y mariscos, provocando así graves violaciones al derecho a la soberanía y seguridad alimentaria de las familias, las cuales se vieron agravadas por el aumento de la destrucción de viviendas y desmontes en 2017.

Derechos ambientales

Los impactos ambientales del proyecto han sido enormes, desde la deforestación ilegal hasta la destrucción de ambientes de biodiversidad tan ricos como los manglares. También se ha denunciado la afectación de fuentes de agua dulce y salada y la destrucción de vegetación nativa. La fauna ha sido afectada por completo, con la desaparición de especies de peces, que eran base de la alimentación y de la actividad económica local. Por supuesto que el movimiento de tierras generado por las obras han generado contaminación del aire.

Derechos jurídicos

Desde un inicio se han producido irregularidades en en los procesos judiciales, con decisiones que han favorecido a la  empresa. Al respecto desde GEDMMA han denunciado que: “El caso presenta una serie de arbitrariedades que dan lugar a una acción violenta de ocupación del espacio y desplazamientos. El Tribunal de Justicia del Estado de Maranhão convirtió el interdicto prohibitorio favorable a las comunidades de Cajueiro emitido en 2014 en una acción de embargo que tuvo lugar en 2019; también suspendió la decisión que había determinado la suspensión de la licencia ambiental de la obra, que también está plagada de irregularidades”.

Si bien algún tipo de presión surtió efecto y los chinos parecen haberse retirado, Antunez concluyó que: “En agosto de 2021, la prensa nacional y local informó que el proyecto sería vendido en su totalidad al grupo Cosan S.A., un conglomerado empresarial con negocios en las áreas de azúcar, alcohol, energía, lubricantes y logística. La nueva empresa anunció públicamente que cambiaría el tipo de transporte en el puerto para la salida del mineral de hierro extraído por la propia Cosan en las minas adquiridas en el estado de Pará. Este anuncio genera más preocupaciones para la población local, ya que el transporte de mineral de hierro tiene un potencial contaminante mucho mayor que el destino anterior. Estamos ante un proyecto de construcción de un gran puerto internacional que no respeta a la comunidad local, que compromete gravemente a la naturaleza, que viola la legislación ambiental del país y utiliza poderes desproporcionados para imponerse como inevitable. Sin embargo, los habitantes de Cajueiro siguen resistiendo y buscan hacer valer sus derechos territoriales y buscan preservar el medio ambiente con el que tradicionalmente se relacionan para la vivienda, la siembra, la recolección de productos naturales, la pesca y el marisqueo. Es una comunidad tradicional absolutamente vulnerable que lucha contra el avance indiscriminado y depredador del gran capital transnacional y su afán de lucro”.