Un consorcio internacional de medios periodísticos divulgó una investigación que expone cómo una red de espionaje rusa conocida como "La Compañía" operó en Argentina entre junio y octubre de 2024, en el período previo a las elecciones parlamentarias de medio término. Según los documentos filtrados y verificados por el consorcio, integrado por medios de Francia, Gran Bretaña, Rusia y África, la red instaló un sistema de distribución de contenidos en medios digitales y redes sociales locales para amplificar noticias negativas sobre la situación económica del país, incluyendo exageraciones y desinformación deliberada. La investigación detectó al menos 250 piezas de contenido publicadas en más de 20 medios digitales, con un presupuesto estimado de 283.000 dólares.
La reacción del presidente Javier Milei fue contundente. A través de su cuenta de X, el mandatario calificó lo revelado como un escándalo de "gravedad institucional pocas veces vista en la historia" y advirtió que los medios y periodistas involucrados son "solo la punta del iceberg de algo mucho más grande". En ese marco, el gobierno emitió un comunicado oficial a través de la Secretaría de Inteligencia en el que señaló que se trata de un caso "que ya había sido investigado" y puesto a disposición de la justicia en 2025, anticipándose así a la publicación del consorcio. Milei fue más allá y prometió que el Estado irá "hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal".
Entre los hallazgos más llamativos figura un intento de provocar una crisis diplomática entre Argentina y Chile mediante la difusión de una noticia falsa que atribuía a Milei el envío de un supuesto "grupo de sabotaje" para atacar el gasoducto transandino. La operación fue diseñada con un nivel de sofisticación notable: muchos de los artículos carecían de autor identificable, y cuando aparecían firmas se trataba de identidades inventadas, en algunos casos con fotografías generadas mediante inteligencia artificial. Los 15 medios consultados por el consorcio negaron vínculos con financiamiento ruso, aunque dos fuentes admitieron haber recibido pagos por publicar contenidos de empresarios que decían oponerse a las políticas del gobierno.
La operación en Argentina no fue un caso aislado sino parte de una campaña global de mucho mayor escala. Con casi 90 agentes especializados, "La Compañía" destinó aproximadamente 7,3 millones de dólares entre enero y octubre de 2024 para promover los intereses de Moscú en al menos 30 países de América Latina, África y Medio Oriente. El mecanismo sigue siempre un patrón similar: una fase inicial de reconocimiento y contacto con referentes políticos locales, seguida de operaciones de desestabilización amplificadas por medios colaboracionistas y redes sociales.
En Namibia, por ejemplo, antes de las elecciones de 2024, la red difundió una carta falsa supuestamente firmada por el Reino Unido, acusando a la oposición de recibir financiamiento secreto a cambio de concesiones petroleras. En Bolivia, en tanto, agentes de la misma organización intentaron apuntalar al tambaleante gobierno del expresidente Luis Arce, con una lógica inversa a la aplicada en Argentina: allí el objetivo era sostener a un gobierno afín a Moscú, no derribar a uno adversario.
El caso tiene además una dimensión que va más allá de la desinformación mediática. Tras la muerte de Yevgeny Prigozhin en 2023, la estructura del Grupo Wagner quedó bajo el control de la inteligencia militar rusa, mientras que sus operaciones de influencia en el extranjero pasaron al Servicio de Inteligencia Exterior, el SVR, liderado por Sergei Naryshkin, un hombre de máxima confianza de Vladimir Putin. Y el SVR tiene historia en suelo argentino: esa misma agencia coordinó el despliegue de los espías Artem Dultsev y Anna Dultseva, quienes vivieron una década en el barrio porteño de Belgrano bajo identidades falsas, tuvieron hijos en Buenos Aires y fueron finalmente canjeados en 2024 en el mayor intercambio de prisioneros con Occidente. La red de "La Compañía", en ese contexto, no es un episodio nuevo sino la continuación de una infiltración estructural que Rusia lleva décadas tejiendo en el país.
El caso denunciado en Argentina abre interrogantes profundos sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas mediáticos locales frente a la injerencia extranjera y plantea un desafío directo a la integridad informativa en vísperas de un año electoral clave para la Argentina.
