El proceso electoral en la provincia de Buenos Aires atraviesa horas de tensión. El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, se pronunció este domingo en contra de la reimpresión de las boletas únicas de votación tras el cambio de encabezamiento en la lista de La Libertad Avanza (LLA).
La controversia surgió luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitara a Diego Santilli —diputado nacional del PRO— a reemplazar a José Luis Espert, quien renunció tras verse involucrado en un escándalo por presuntos aportes ilegales de un empresario acusado de narcotráfico.
Sin embargo, el dictamen del fiscal fue categórico: no hay tiempo material ni condiciones logísticas para reimprimir más de 12 millones de boletas únicas a menos de dos semanas de las elecciones generales del 26 de octubre, cuando casi 14 millones de bonaerenses acudirán a las urnas. La decisión final quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral, que deberá resolver el conflicto en las próximas horas.
En su análisis, el fiscal repasó los informes técnicos del Correo Argentino, la Dirección Nacional Electoral (DINE) y la Secretaría Electoral bonaerense, que coincidieron en un punto: ya no hay margen para reiniciar el proceso de impresión, encuadernado, escaneo, control y distribución de las boletas únicas.
Según detalló, el 11 de octubre fue la última fecha operativa para enviar los archivos a imprenta, y los plazos establecidos por el Código Electoral Nacional ya fueron cumplidos.
“Retrotraer el avanzado cronograma electoral para evitar una probable confusión en una sola agrupación es técnicamente inviable. Pero cuando el riesgo es comprometer la elección misma, la conclusión es forzosa”, advirtió González.
Además, recordó que la reimpresión implicaría un gasto público superior a los $12.000 millones, monto que debería destinarse nuevamente a la producción, empaquetado y distribución de los 40.000 talonarios de boletas ya listos para su traslado.
La Junta Electoral Nacional bonaerense había rechazado días atrás el pedido de LLA precisamente por esta razón, argumentando que “preservar la estabilidad del calendario electoral y la certeza del voto” es prioridad absoluta.
“La modificación solicitada, además de ser materialmente imposible, contradice los plazos y etapas perentorias fijadas por la ley electoral”, habían sostenido los jueces Alejo Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo y Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense.
El dictamen del fiscal Ramiro González
En un documento de 14 páginas, González subrayó el principio de “imposibilidad fáctica”:
“Reimprimir la boleta única trasladaría el conflicto interno de una agrupación al riesgo del acto electoral mismo. No es posible cumplir con los procedimientos de ley, aprobar un nuevo modelo, imprimir, controlar y distribuir en tan corto plazo”, señaló.
El fiscal también remarcó que la Junta Electoral no cuenta con la fotografía oficial de Santilli, requisito indispensable para aprobar el nuevo diseño. “El 11 de octubre era el último día para validar los modelos. Desde entonces comenzó la cadena de control y sellado que ya está en marcha”, precisó.
Por eso, recomendó mantener la boleta vigente, que aún lleva la imagen de Espert pese a su renuncia.
