Fin de una era: se levanta el control estatal sobre las cuotas
Después de más de tres décadas de regulación, el Gobierno decidió derogar el decreto que obligaba a los colegios privados a informar sus aranceles antes del inicio de cada ciclo lectivo.
El cambio fue oficializado este martes a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial. A partir de ahora, los establecimientos no deberán pedir autorización ni avisar con anticipación cuánto cobrarán por matrícula o cuotas mensuales.
La decisión elimina un sistema que, desde 1993, había intentado dar previsibilidad a las familias y controlar los aumentos sorpresivos.
Una medida que divide opiniones
Mientras algunos sectores ven la decisión como una apuesta por la libertad económica, muchos padres temen que los incrementos puedan golpear de lleno el presupuesto familiar.
El Gobierno argumenta que el esquema anterior limitaba la adaptación de las instituciones frente a los cambios económicos y que obligaba a fijar precios más altos “por las dudas”, ya que cualquier ajuste posterior necesitaba aprobación estatal.
En otras palabras, se busca que los colegios compitan entre sí, ofreciendo mejores servicios y ajustando sus valores a la realidad de cada momento.
El fin del “precio fijo” en la educación
Hasta ahora, cada escuela privada debía acordar los aumentos con los padres o tutores, un proceso burocrático que, según el Ejecutivo, terminaba perjudicando tanto a las instituciones como a las familias.
Con el nuevo esquema, cada establecimiento tendrá libertad para fijar sus tarifas, lo que podría derivar en subas inmediatas pero también en una mayor competencia de precios entre colegios.
El Gobierno sostiene que esta flexibilidad permitirá sostener la calidad educativa, ya que las instituciones podrán ajustar sus costos sin demoras y evitar así el deterioro de los servicios.
Preocupación y expectativa en las familias
Aunque la medida se presenta como una modernización del sistema, muchas familias ya expresan preocupación por lo que vendrá: el costo de la educación privada podría variar de un mes a otro, sin aviso previo.
En ese escenario, los padres deberán estar más atentos que nunca a los valores, comparar opciones y evaluar si pueden sostener el pago.
Mientras tanto, desde el Gobierno aseguran que el objetivo es dar aire a las instituciones educativas, evitar cierres y preservar el principio de libre contratación.
Una jugada que redefine la educación privada
La decisión marca un antes y un después en la relación entre Estado, colegios y familias. Ya no habrá topes ni controles, y cada institución podrá moverse al ritmo de la economía real.
El tiempo dirá si esta libertad termina beneficiando al sistema educativo o complicando aún más el bolsillo de las familias.
Lo cierto es que, después de 30 años, los colegios privados recuperaron el timón de sus propias cuentas, y la sociedad —como siempre— deberá adaptarse a la nueva realidad.
