El Senado vuelve a ser escenario de disputa política. Este martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la cordobesa Alejandra Vigo, se dispone a analizar las modificaciones a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un tema que enfrenta al oficialismo con la oposición y que podría redefinir el equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo.
El debate llega luego de que la Cámara de Diputados aprobara en general el nuevo régimen de DNU —con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones— pero sin alcanzar la mayoría absoluta en un artículo clave: el tercero, que fija un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de estos decretos. Al no conseguir los 129 votos necesarios, el proyecto regresó a la Cámara Alta para su revisión final.
La propuesta establece que un DNU deberá contar con la ratificación expresa del Congreso, mediante la aprobación por mayoría absoluta en ambas cámaras, dentro de los 90 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial. Si el Parlamento no lo trata dentro de ese período, el decreto pierde vigencia automática.
Desde la oposición sostienen que esta modificación busca “evitar la discrecionalidad del Ejecutivo” y garantizar un control parlamentario real, mientras que desde el oficialismo libertario consideran que se trata de un intento de condicionar la gestión presidencial.
El contexto político agrega tensión al debate. En las últimas semanas, el Senado fue escenario de un duro enfrentamiento entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gremio del personal legislativo (APL), que encabeza Norberto Di Próspero, lo que sumó ruido interno a la actividad parlamentaria.
De obtener dictamen en comisión, el proyecto podría llegar al recinto antes del 30 de noviembre, cierre del actual período parlamentario y antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. A partir de entonces, el Senado incorporará a figuras como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien se perfila para liderar el bloque de La Libertad Avanza, con 21 senadores propios.
Sin embargo, incluso si la oposición logra aprobar la ley, el presidente Javier Milei ya anticipó su rechazo. En la Casa Rosada aseguran que el mandatario vetará la norma, al considerar que los DNU son una herramienta esencial de su gobierno, especialmente en un escenario de minoría legislativa.
El oficialismo confía, además, en que podrá sostener el veto presidencial, dado que las bancadas libertarias y sus aliados superan el tercio de los votos en ambas cámaras, impidiendo que la oposición reúna los dos tercios necesarios para revertir la decisión.
Así, el debate sobre los DNU se perfila como un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Congreso y el Ejecutivo, y una prueba temprana de fuerza política para el gobierno de Milei y la nueva composición parlamentaria que asumirá en diciembre.
