El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), solicitará a Cristina Fernández de Kirchner la devolución de aproximadamente $1.000 millones correspondientes a haberes percibidos por jubilaciones y pensiones que el Ejecutivo considera “indebidamente cobrados”.
La decisión se produce luego de que el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de la jueza Karina Alonso Candis, rechazara una medida cautelar presentada por la exmandataria para restablecer la asignación vitalicia que recibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner.
Según fuentes del Ministerio de Capital Humano, el fallo judicial habilitó a la ANSES a avanzar con el reclamo formal de reintegro de los montos que Cristina Kirchner cobró durante los últimos años, luego de que en diciembre pasado el gobierno de Javier Milei diera de baja tanto su pensión como expresidenta como la pensión vitalicia de su esposo.
Desde el Ejecutivo sostienen que las asignaciones vitalicias previstas en la Ley 24.018 no constituyen jubilaciones comunes sino beneficios graciables, otorgados “en reconocimiento del honor, mérito y desempeño del cargo”.
Por ese motivo, argumentan, no tienen carácter contributivo ni previsional, y su mantenimiento resulta incompatible con una condena judicial, en referencia a la sentencia en la Causa Vialidad.
El cálculo oficial señala que la expresidenta percibía unos $21,8 millones mensuales netos, por lo que el monto a devolver rondaría los $1.000 millones acumulados.
Tras la decisión administrativa, la defensa de la exmandataria interpuso un recurso de nulidad, calificando la quita de los haberes como un acto “ilegal y autoritario”.
Su abogado sostuvo que el procedimiento “violó el derecho a la defensa” y que la administración no explicó con fundamentos jurídicos la suspensión de los pagos.
Cristina Kirchner también argumentó que la demora en resolver el reclamo “afectaba su derecho a la seguridad social”, aunque la jueza desestimó ese punto. En su resolución, Alonso Candis consideró que la asignación en cuestión “no es una jubilación ordinaria sino una gracia de carácter excepcional”, y que no existía “un peligro grave e irreparable” que justificara la restitución inmediata.
Con este escenario, la ANSES está en condiciones de iniciar el proceso de recupero de los fondos, que podría incluir mecanismos administrativos y judiciales.
La resolución definitiva sobre el caso aún depende de futuras instancias judiciales, pero la decisión del Gobierno marca un nuevo capítulo en la disputa entre la Casa Rosada y la expresidenta, en un contexto de fuerte tensión política.
